Retos de la IA y la Administración Pública

Ilian Radoytsov Chief Commercial Officer de AuraQuantic

La inteligencia artificial representa una oportunidad histórica para mejorar la eficiencia, transparencia y calidad de los servicios públicos. Puede automatizar trámites rutinarios, personalizar la atención ciudadana y anticipar necesidades mediante análisis de datos, así como detectar fraudes y abusos de forma temprana. También permite reducir el uso de papel, las esperas y los tiempos de respuesta, elevando la satisfacción de los usuarios y la productividad.

En la actualidad, sin embargo, para que la IA se implante de forma efectiva en las administraciones públicas existen una serie de retos. El primero de ellos es la inversión en tecnología. Según el Barómetro de la Economía Digital presentado por Ametic, la inversión de las administraciones públicas del país en tecnología se situó en 2024 en 4.968 millones de euros, un descenso del 38,4 % con respecto a la cifra de 2023, un año en el que la inversión fue más alta. Aunque este dato se debe en gran parte al desfase temporal en la ejecución de los fondos europeos, sigue habiendo un esfuerzo público relevante en digitalización. Esta inversión procede, en el 46,9 % de la Administración General del Estado; el 13,6 % de las entidades locales y el 39,5 % de las comunidades autónomas.

Para avanzar en la implantación de la IA, el paso previo es modernizar la propia Administración. Primero hay que simplificar y automatizar procesos y trámites, medirlos y mejorar su agilidad, para optimizar recursos y eficiencia y sostener la transparencia, la ética y la confianza ciudadana.

En este sentido, conviene mirar la implantación de la IA en la Administración Pública como un proceso similar al de una compañía. Primero, incorporar la automatización de procesos (Business Process Automation - BPA) y, una vez consolidada, integrarla con la Inteligencia Artificial. El software BPA aporta orquestación de procesos y personas, gestión de flujos de trabajo, coordinación entre aplicaciones, sistemas y datos, y garantiza el cumplimiento normativo y la trazabilidad. La IA, sobre esa base ordenada, aporta analítica de datos, detecta errores, clasifica documentos y predice cargas de trabajo y riesgos.

 

En síntesis: la IA potencia al BPA, y el BPA estructura y hace gobernable la IA a escala organizativa

Aunque todavía son muchos los frenos que quedan por superar en la Administración Pública Nacional. En primer lugar, retos tecnológicos y de datos, como los sesgos y la opacidad. Hay algoritmos que pueden perpetuar o amplificar sesgos existentes si no se evalúan y auditan. La protección de datos y la privacidad, porque el uso de datos sensibles requiere una protección rigurosa para evitar usos indebidos. La interoperabilidad entre organismos es crítica: la fragmentación de los datos dificulta el desarrollo e integración de soluciones de IA. Y, sobre todo, la calidad y el linaje del dato, imprescindibles para entrenar y operar sistemas con señales fiables y evitar “ruido”, es uno de los principales escollos en cualquier implantación pública o corporativa.

En segundo lugar, las Administraciones Públicas se enfrentan a retos organizativos y de personal. Existen brechas competenciales por la falta de formación del personal en IA, análisis de datos y uso de tecnologías emergentes. También pesa la resistencia al cambio, a menudo por desconocimiento o por no acompañar la tecnología con rediseño de funciones, planes de formación y comunicación interna. El foco debe estar en reasignar tareas de bajo valor a la automatización y reforzar la atención directa al ciudadano.

Por último, aparecen retos legales y éticos: hay que adaptar procedimientos y controles al nuevo marco europeo, con evaluaciones de riesgo, trazabilidad y transparencia de los sistemas, especialmente cuando las decisiones impactan en los derechos de los ciudadanos. La responsabilidad en decisiones automatizadas exige criterios claros de supervisión humana y auditoría.

En definitiva, y más allá del ciclo inversor, España progresa pero con margen de mejora. Conviene evitar diagnósticos basados solo en rankings de tráfico a herramientas comerciales. De hecho, según un estudio de Writerbuddy.ai, España se encuentra en la posición 14 del ranking mundial de la implantación de la IA, de un total de 20 países a nivel mundial, lo que la sitúa a la cola; sin embargo, ese indicador mide sobre todo visitas y uso de aplicaciones de IA, no la adopción institucional ni la preparación administrativa, por lo que debe interpretarse con cautela. En paralelo, hay numerosas iniciativas públicas —fiscalidad, tramitación documental, atención multicanal— que muestran avances y lecciones para escalar.

Los países que más rápido avancen serán aquellos que no solo adopten tecnologías, sino que lo hagan con propósito, controles, métricas públicas y sensibilización ciudadana. La receta operativa es clara: dar pasos pequeños, pero con objetivos medibles, mejorar procesos ya activos y combinarlos con BPA antes de añadir IA, publicar resultados (tiempo medio de resolución, tasa de error, satisfacción ciudadana) y escalar lo que funciona. Ese camino hará que la implantación de la IA en las Administraciones Públicas convierta a la Administración en un servicio moderno, trazable y centrado en las personas, capaz de reducir tiempos, ganar agilidad y facilitar el contacto directo del ciudadano con sus trámites sin burocracia innecesaria.