La normativa actual permite que la solvencia sea acreditada por cualquier medio, pudiendo a estos efectos utilizar la otorgada por otras entidades, con independencia del vínculo que se tenga, siempre y cuando se acredite la disposición efectiva de tales medios.
En cuanto al carácter vinculante o no vinculante de las respuestas a consultas o aclaraciones solicitadas por los interesados en el procedimiento de licitación, debemos partir de lo establecido en el artículo 138.3 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos de Sector Público, en adelante LCSP.
Estrategia empresarial, una búsqueda incisiva del error en una fórmula de valoración, la necesidad de conseguir una adjudicación a cualquier precio, con la intención de entrar en la “rueda” de los contratos públicos. Son variados los motivos por los que, a veces, los licitadores, sobre todo en procedimientos en los que se exigen pre...
En primer lugar, hay que recordar lo dispuesto en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (en adelante, LCSP), así como lo recogido en la Ley Orgán...
Las ofertas ficticias, entendidas como aquellas que contienen precios irrisorios o que a todas luces no cubren costes, y que permiten conseguir la puntuación máxima asignada al precio en cuestión en detrimento de otras ofertas reales, suelen decantar la balanza de la adjudicación, quedando a un lado la calidad y otras propuestas de ...
En el ámbito de la Contratación Pública, la Unión Temporal de Empresas (UTE) es una figura legal regulada actualmente en el art. 69 de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE...
La Ley de Contratos del Sector Público, a través de su artículo 44, prevé la posibilidad de interponer recurso especial en materia de contratación frente a determinados actos reconocidos en su apartado segundo. No obstante, si bien esta herramienta se configura como un medio alternativo al recurso contencioso-administrativo, resulta...
El TJUE declara sobre la indemnización por daños y perjuicios, que las personas perjudicadas por una infracción del Derecho de la Unión en materia de contratación pública pueden solicitar con arreglo al artículo 2, apartado 1, letra c), de la Directiva 89/665 cubrir el perjuicio sufrido como consecuencia de una pérdida de oportunidad.
El Esquema Nacional de Seguridad, tal y como está recogido en el artículo 2 del Real Decreto 311/2022, de 3 de mayo, resulta de aplicación a las entidades del sector público, a las entidades del sector privado que les presten servicios competenciales y, en general, a la cadena de suministro de estas últimas, en la medida que un anál...
OBSERVATORIOS
OPINIÓN
A medida que los actores del sector de la movilidad urbana se diversifican, es importante no pasar por alto la creciente frecuencia e intensidad de los ciberataques que socavan una flota de movilidad conectada pero vulnerable.
Las organizaciones públicas suelen aparecer en los titulares por los ciberataques que siguen teniendo como objetivo sectores críticos como los hospitales o las administraciones públicas.
La digitalización de los servicios de la Administración Pública ha traído consigo un sinfín de beneficios, pero también ha expuesto a las instituciones públicas a un panorama de ciberamenazas en constante evolución.
¿Qué tienen en común un médico del siglo XIX y la digitalización? La respuesta está en la higiene, pero esta vez aplicada a los datos.
EL EXPERTO EN CONTRATACIÓN PÚBLICA TE CUENTA...
El Esquema Nacional de Seguridad, tal y como está recogido en el artículo 2 del Real Decreto 311/2022, de 3 de mayo, resulta de aplicación a las entidades del sector público, a las entidades del sector privado que les presten servicios competenciales y, en general, a la cadena de suministro de estas últimas, en la medida que un anál...
El artículo 204 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público (en adelante LCSP) regula las modificaciones previstas de los contratos del sector público.
INFORMES
La edición de 2024 del informe Estado de la cuestión sobre administración pública digital e interoperabilidad pone énfasis en cuatro áreas de políticas clave que están en el centro del panorama político actual.
Las licitaciones públicas en el sector de las Tecnologías de la Información y las Telecomunicaciones han cerrado el primer semestre de 2024 con un ligero descenso frente a los datos de 2023, pero con un importe acumulado que se sitúa cerca de los 6.000 millones de euros.
En este documento, correspondiente al primer semestre de 2024, Doubletrade pone sobre la mesa...