En una reciente Resolución, 448/2024, de 4 de abril, con base en la jurisprudencia del TJUE, en materia de integración de solvencia, el TACRC confirma su doctrina sobre la exigencia de que el licitador que pretende valerse de la solvencia de un tercero acredite un mínimo de solvencia.

Las Administraciones Públicas u otros entes del sector público pueden apoyar económicamente actividades deportivas, científicas, culturales, espectáculos... Sin embargo, en este escenario se hace necesario distinguir las dos figuras jurídicas que suelen conllevar cierta confusión a la hora de llevar a cabo ese apoyo económico, y que...

Como si de un resorte que salta de manera automática se tratara, se suele tener muy interiorizada la premisa de que procede, sí o sí, la exclusión de un licitador en un procedimiento de adjudicación por el solo hecho de errar en cuanto al sobre en el que debe incluirse determinada información.

En este artículo nos centraremos en la evolución que ha sufrido la doctrina del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales respecto de la posibilidad de conceder trámite de subsanación de la documentación previa a la adjudicación en atención a las especiales consecuencias que acarrea su incumplimiento de conformidad a lo dispuesto en el artículo 150.2 de la LCSP.

La descripción técnica del PPT supone un mínimo que puede ser mejorado o desarrollado, en el caso de que así se haya previsto en los pliegos (mediante la correspondiente aplicación de mejoras conforme a lo establecido en el art. 145.7 LCSP o mediante otro tipo de criterios de adjudicación del contrato), pero en ningún caso puede ser incumplido, es decir, no es posible bajo ningún concepto incumplir dichos requerimientos técnicos mínimos.

La LCSP reconoce la potestad a los órganos competentes para el conocimiento de los recursos en materia de contratación, de imponer multas de entre 1.000 a 30.000 euros, en función de la temeridad o mala fe que aprecien en la interposición de recursos o la solicitud de medidas cautelares.

En el artículo de esta semana vamos a analizar la figura de la integración de la solvencia por medios propios mediante el análisis de la Resolución 16/2024 del Tribunal de Contratación Pública de la Comunidad de Madrid.

La disposición adicional decimoquinta de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público (en lo sucesivo, LCSP) establece que "las notificaciones a las que se refiere la presente Ley se podrán realizar mediante dirección electrónica habilitada o mediante comparecencia electrónica".

En esta ocasión nos referimos a la reciente Resolución 55/2024, de 14 de febrero, del Tribunal Catalán de Contratos del Sector Público (TCCSP), que resuelve un recurso contra la adjudicación de un contrato de servicios de limpieza, interpuesto por entender la recurrente que la oferta de la adjudicataria vulnera el Convenio Colectivo...

En numerosas ocasiones el Órgano de Contratación se encuentra en la disyuntiva de solicitar o no la subsanación o aclaración de las ofertas económicas y resto de criterios evaluables mediante la aplicación de fórmulas frente a posibles exclusiones de los licitadores. Sin embargo, ¿estamos ante una posibilidad del Órgano de Contratac...

Tras la valoración de las propuestas presentadas a un procedimiento de licitación, el órgano de contratación requerirá, respecto del licitador propuesto como adjudicatario, conforme a lo dispuesto en el artículo 150.2 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público (en adelante LCSP), para que aporte la “document...

En esta ocasión, vamos a analizar la incidencia de los planes de igualdad en el ámbito de la contratación pública a través de la reciente Resolución 29/2024 de 18 de enero del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales -TACRC-. En la misma se analiza la relevancia de la inscripción en el Registro y depósito de Conveni...

Un procedimiento relativamente habitual en la contratación pública es el negociado sin publicidad, no obstante, dependiendo de la causa que justifique la posibilidad de aplicar este procedimiento se deberán realizar unas u otras actuaciones.

La resolución del contrato se debe realizar mediante expediente administrativo que resuelve el órgano de contratación siguiendo el procedimiento establecido.

El artículo 71 de la Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público prevé las causas que impiden contratar a los operadores económicos con entidades del sector público. No obstante, la concurrencia de tales circunstancias no es por sí solo motivo suficiente para excluir a un licitador de un procedimiento de contratación.

Los órganos de contratación tienen una amplia discrecionalidad técnica a la hora de definir el objeto del contrato, las prestaciones que lo integran, los medios materiales y personales necesarios para su ejecución y, específicamente, entre otros aspectos, la determinación de los criterios de adjudicación en la búsqueda de la mejor o...

Tal como dispone el artículo 59.2 de la LCSP, la Resolución del recurso especial en materia de contratación será directamente ejecutiva.

La Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero (en adelante, LCSP) recoge en su artículo 145 la posibilidad de incluir mejoras en el Pliego de Cláusulas Administr...

Viene siendo práctica habitual en muchos órganos de contratación pasar de puntillas por esta exigencia prevista en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público (en adelante LCSP). Hay determinados aspectos a la hora de redactar los pliegos rectores de la contratación a los que, por uno u otro motivo, se les pres...

A la hora de establecer los criterios de adjudicación que regirán las licitaciones es frecuente que, en relación con los criterios sujetos a juicio de valor, se incluya en los pliegos la estructura y forma de presentación de las memorias técnicas. Ahora bien, cabe preguntarse que ocurre cuando un licitador se aparta de las instrucci...