De la reciprocidad bilateral al control descentralizado: la contratación pública española ante una transición normativa en el acceso de operadores extranjeros.
La Recomendación de la JCCPE de julio de 2025 como herramienta para clarificar el régimen aplicable a operadores de terceros países y garantizar la seguridad jurídica en los procedimientos de licitación.
Un análisis a la luz de la Resolución nº 1178/2021 del TACRC y los principios de proporcionalidad e igualdad de trato.
El orden de apertura de sobres no es un formalismo: garantiza la igualdad entre licitadores. Si se rompe, los tribunales pueden declarar la nulidad del procedimiento.
La exigencia de responsabilidad solidaria como requisito esencial para la validez de las garantías en los procesos de licitación pública.
La Resolución 268/2025 del TARC de Andalucía aplica el principio de proporcionalidad para evitar una exclusión desproporcionada por la falta de inscripción a tiempo de un Plan de Igualdad.
Es común encontrar pliegos, ya sea de cláusulas administrativas o de prescripciones técnicas, en los que el órgano de contratación recoge la obligatoriedad de realizar visitas a sus instalaciones, a los efectos de poder presentar oferta a la licitación, pero ¿nos encontramos ante un derecho del licitador o un deber del mismo, si así...
Carolina Gil, de Kalaman Consulting, explica Ias implicaciones del Esquema Nacional de Seguridad en los procesos de contratación pública y su correcta aplicación como criterio de adjudicación.
El artículo 101 LCSP define el valor estimado con una fórmula sencilla, solo en apariencia: “el importe total, sin IVA, pagadero según las estimaciones del órgano de contratación”.
Los pliegos que rigen una determinada licitación son la Lex Contractus a la que están vinculadas las partes, siendo un deber ineludible de las entidades concurrentes a la misma que sus ofertas se ajusten a todas las previsiones contenidas en dichos pliegos
El pasado 3 de abril de 2025, el Tribunal Supremo dictó la sentencia 390/2025 (ECLI:ES:TS:2025:1723), resolviendo una cuestión que, pese a la aparente claridad normativa, continuaba generando confusión en la práctica administrativa: el alcance del peso mínimo que deben tener los criterios relacionados con la calidad en los contratos...
¿Puede el órgano de contratación valerse del requerimiento de documentación previo a la adjudicación para comprobar requisitos técnicos adicionales a los expuestos en los pliegos?
Sergio Galván explica las normas relativas al Sector Público que recogen el derecho del interesado en la interposición de un recurso especial en materia de contratación de acceder al expediente de contratación.
El reto no es solo implantar tecnología, sino garantizar que esa tecnología esté alineada con los valores estratégicos de la Unión Europea: interoperabilidad, protección de datos, transparencia y resiliencia digital.
El gran volumen de datos que se trabajan en los servicios públicos son una tentación para los ciberdelincuentes, provocando ataques de ransomware, las brechas de datos o, incluso, el ciberespionaje.
España ha avanzado en los últimos años con iniciativas como la Carpeta Ciudadana, el DNI electrónico o el Plan de Digitalización de las Administraciones Públicas 2021-2025.
Para que un contrato de I+D quede excluido de la LCSP (Ley de Contratos del Sector Público) bastará con que no se encuentre incluido en los códigos indicados o, si lo está, que no cumpla esas dos condiciones.
La transición digital ofrece a las autoridades locales una oportunidad clave, que, sin embargo, solo puede ser sostenible sobre una base de ciberseguridad sólida, integrada desde el diseño, con capacidades internas reforzadas y apoyo experto.
Los Tribunales Administrativos de Recursos Contractuales lo recuerdan constantemente: los pliego, tanto el de cláusulas administrativas como el técnico, constituyen la norma del contrato y vinculan tanto a la Administración como a los licitadores.
El adelanto de información valorable en otro sobre puede suponer la exclusión directa del licitador. Para ello, se precisa de un análisis y valoración previa del sentido y alcance de la contaminación producida, no configurándose pues como un criterio absoluto.
Prev.
El Ayuntamiento de Madrid, el Ayuntamiento de Zaragoza, el Congreso de los Diputados, la Dirección General de Tráfico, ISDEFE, Madrid Digital, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, RENFE, la Universidad de Murcia y HP Inc nos muestran el desarrollo del puesto de trabajo en las AAPP.
EL EXPERTO EN CONTRATACIÓN PÚBLICA TE CUENTA...
El contexto actual en el que nos encontramos de nerviosismo en relación a la ejecución de proyectos o subproyectos englobados dentro de algún componente del Plan de Recuperación Transformación y Resiliencia (en adelante, PRTR), que como todos sabemos tienen unos plazos de ejecución muy ambiciosos y ello unido a una sensación general...
El Esquema Nacional de Seguridad, tal y como está recogido en el artículo 2 del Real Decreto 311/2022, de 3 de mayo, resulta de aplicación a las entidades del sector público, a las entidades del sector privado que les presten servicios competenciales y, en general, a la cadena de suministro de estas últimas, en la medida que un anál...
OPINIÓN
De la reciprocidad bilateral al control descentralizado: la contratación pública española ante una transición normativa en el acceso de operadores extranjeros.
La Recomendación de la JCCPE de julio de 2025 como herramienta para clarificar el régimen aplicable a operadores de terceros países y garantizar la seguridad jurídica en los procedimientos de licitación.
Un análisis a la luz de la Resolución nº 1178/2021 del TACRC y los principios de proporcionalidad e igualdad de trato.
INFORMES
El estudio analiza dos centenares de casos reales de hasta once áreas de la Administración para identificar tendencias, beneficios y riesgo en la implantación que los países líderes del organismo internacional están desplegando para una IA confiable en el sector público.
El proyecto GovTech Connect apoya a organismos públicos de toda la UE en la adopción de soluciones digitales rentables mediante el desarrollo y el fomento del ecosistema europeo.
El gasto público en licitaciones se dispara un 33,7% en la primera mitad de 2025, evidenciando el compromiso de las instituciones para mejorar las infraestructuras y servicios