Uno de los requisitos que prevé la Ley de Contratos del Sector Público (LCSP) a efectos de poder interponer recurso especial en materia de contratación es el de contar con la legitimación prevista en el artículo 48 de la Ley.
En cuanto al carácter vinculante o no vinculante de las respuestas a consultas o aclaraciones solicitadas por los interesados en el procedimiento de licitación, debemos partir de lo establecido en el artículo 138.3 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos de Sector Público, en adelante LCSP.
Estrategia empresarial, una búsqueda incisiva del error en una fórmula de valoración, la necesidad de conseguir una adjudicación a cualquier precio, con la intención de entrar en la “rueda” de los contratos públicos. Son variados los motivos por los que, a veces, los licitadores, sobre todo en procedimientos en los que se exigen pre...
En primer lugar, hay que recordar lo dispuesto en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (en adelante, LCSP), así como lo recogido en la Ley Orgán...
Las ofertas ficticias, entendidas como aquellas que contienen precios irrisorios o que a todas luces no cubren costes, y que permiten conseguir la puntuación máxima asignada al precio en cuestión en detrimento de otras ofertas reales, suelen decantar la balanza de la adjudicación, quedando a un lado la calidad y otras propuestas de ...
En esta ocasión traigo de la mano la Resolución del Tribunal Administrativo Central 1550/2023 muy esclarecedora en todo lo concerniente a la capacidad de las personas jurídicas para contratar con el sector público.
En el ámbito de la Contratación Pública, la Unión Temporal de Empresas (UTE) es una figura legal regulada actualmente en el art. 69 de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE...
Los acuerdos marco se encuentran configurados como un sistema de racionalización de la contratación, los cuales se caracterizan por preestablecer una serie de condiciones o términos que serán comunes a todos los contratos que se adjudiquen durante la vigencia del acuerdo marco.
La Ley de Contratos del Sector Público, a través de su artículo 44, prevé la posibilidad de interponer recurso especial en materia de contratación frente a determinados actos reconocidos en su apartado segundo. No obstante, si bien esta herramienta se configura como un medio alternativo al recurso contencioso-administrativo, resulta...
El TJUE declara sobre la indemnización por daños y perjuicios, que las personas perjudicadas por una infracción del Derecho de la Unión en materia de contratación pública pueden solicitar con arreglo al artículo 2, apartado 1, letra c), de la Directiva 89/665 cubrir el perjuicio sufrido como consecuencia de una pérdida de oportunidad.
El Esquema Nacional de Seguridad, tal y como está recogido en el artículo 2 del Real Decreto 311/2022, de 3 de mayo, resulta de aplicación a las entidades del sector público, a las entidades del sector privado que les presten servicios competenciales y, en general, a la cadena de suministro de estas últimas, en la medida que un anál...
El artículo 204 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público (en adelante LCSP) regula las modificaciones previstas de los contratos del sector público.
A medida que los actores del sector de la movilidad urbana se diversifican, es importante no pasar por alto la creciente frecuencia e intensidad de los ciberataques que socavan una flota de movilidad conectada pero vulnerable.
Las organizaciones públicas suelen aparecer en los titulares por los ciberataques que siguen teniendo como objetivo sectores críticos como los hospitales o las administraciones públicas.
La digitalización de los servicios de la Administración Pública ha traído consigo un sinfín de beneficios, pero también ha expuesto a las instituciones públicas a un panorama de ciberamenazas en constante evolución.
¿Qué tienen en común un médico del siglo XIX y la digitalización? La respuesta está en la higiene, pero esta vez aplicada a los datos.
¿Puede un licitador excluido resultar beneficiado por la estimación del recurso especial de otro licitador contra la resolución que los excluyó por el mismo motivo?
El CPV (siglas de Common Procurement Vocabulary) es el Vocabulario Común de Contratos Públicos y fue aprobado por el Reglamento (CE) 2195/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo de 5 de noviembre de 2002.
Aunque ultra conectada, la ciudad inteligente actual adolece de un déficit crónico de ciberseguridad en sus equipos de movilidad urbana. A medida que los actores del sector de la movilidad urbana se diversifican, es importante no pasar por alto la creciente frecuencia e intensidad de los ciberataques que socavan una flota de movilid...
Suele ser más habitual de lo normal, a la hora de redactar los pliegos rectores de los procedimientos de licitación, que los órganos de contratación pasen de puntillas (o no pasen, directamente) sobre las cuestiones que afectan a la solvencia que debe exigirse a las empresas de nueva creación, en los supuestos de contratos no sujeto...
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OPINIÓN
El auge de la inteligencia artificial, impulsada por la IA generativa, está remodelando el panorama de los centros de datos, llevándolos a un nuevo territorio que exige más que simples actualizaciones incrementales.
La transformación digital en la administración pública es, sin lugar a duda, uno de los grandes logros de las últimas décadas. Esta evolución ha permitido que los ciudadanos accedan de forma más rápida y cómoda a servicios esenciales.
En el mundo empresarial actual, dominar la gestión de la información no es solo un desafío técnico, es un activo estratégico. Las empresas que gestionan eficazmente sus datos pueden obtener una ventaja competitiva
En un mundo cada vez más digitalizado, las administraciones públicas deben adaptarse rápidamente para satisfacer las crecientes demandas de los ciudadanos y mejorar la eficiencia de sus servicios.
EL EXPERTO EN CONTRATACIÓN PÚBLICA TE CUENTA...
El contexto actual en el que nos encontramos de nerviosismo en relación a la ejecución de proyectos o subproyectos englobados dentro de algún componente del Plan de Recuperación Transformación y Resiliencia (en adelante, PRTR), que como todos sabemos tienen unos plazos de ejecución muy ambiciosos y ello unido a una sensación general...
El Esquema Nacional de Seguridad, tal y como está recogido en el artículo 2 del Real Decreto 311/2022, de 3 de mayo, resulta de aplicación a las entidades del sector público, a las entidades del sector privado que les presten servicios competenciales y, en general, a la cadena de suministro de estas últimas, en la medida que un anál...
INFORMES
Con un volumen de ciberataques nunca antes visto, potenciado por herramientas de IA y automatización, las entidades públicas siguen reforzando su postura de seguridad, mientras se apoyan en las normativas de seguridad para afrontar desafíos como la complejidad tecnológica y organizativa.
Mientras se consolidan las políticas de datos, se fortalece la ciberseguridad y se gestiona el cambio cultural que supone la transformación digital, las nuevas tecnologías se van abriendo paso en el proceso de digitalización que se inició hace cinco años.
Mientras la progresiva digitalización de las entidades públicas sigue su camino, el trabajo sobre las estructuras de datos y la mejora de sus eficiencias es constante. Las estrategias de datos son cada vez más sólidas y más amplias, apoyadas por planteamientos macro.