En la actualidad existe un debate jurídico que gira en torno a la posibilidad de que el régimen previsto en la Disposición Adicional 4º de la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público (en adelante, LCSP) para los centros especiales de empleo de iniciativa social (CEEIS) sea discriminatorio en relación con los centros especiales de ...

La utilización de medios electrónicos para la tramitación de expedientes de contratación no está exenta de dificultades técnicas cuando la empresa que se quiere presentar a la licitación es extranjera. Cuando utilizo el término “empresa extranjera” me refiero a empresas cuyos países de origen no forman parte de la Unión Europea.

En esta reciente resolución 263/2023, de 19 de abril de 2.023, del Tribunal Catalán de Contratos del Sector Público, se analiza la conformidad a derecho de una prescripción técnica que comporta una ventaja a la actual adjudicataria.

Es este uno de los mecanismos previstos por la normativa de contratación pública más utilizados por los operadores económicos a la hora de participar en los procedimientos de licitación, sobre todo en contratos con altas exigencias, en cuanto a importes, acerca de la solvencia económica-financiera y técnica o profesional.

Kalaman Consulting analiza en este artículo un supuesto muy común que se produce en las licitaciones, esto es, la exclusión motivada en la omisión de alguna cuestión técnica por parte del licitador respecto al efectivo cumplimiento de las prescripciones técnicas solicitadas en la documentación contractual.

La Disposición Adicional Decimoquinta, en adelante DA 15ª, de la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público, en lo sucesivo LCSP, fija que los plazos a contar desde la notificación se computarán desde la fecha de envío de la misma o del aviso de notificación, si fuera mediante comparecencia electrónica, siempre que el acto objeto de...

Resulta controvertido y acarrea multitud de quebraderos de cabeza para los servicios técnicos de las entidades contratantes enfrentarse con las tareas de comprobación del adecuamiento de las ofertas presentadas a los requisitos establecidos en el pliego de prescripciones técnicas.

El preámbulo de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público (en adelante, LCSP) indica que el procedimiento abierto simplificado nace con la vocación de convertirse en un procedimiento “muy ágil” que debería permitir que un contrato estuviera adjudicado en el periodo de un mes desde que se abre el plazo para la...

En una sociedad dominada por la tecnología, el sector público se halla ante el desafío de proporcionar a sus ciudadanos los últimos avances tecnológicos a pesar de ser una industria en constante evolución. Con este objetivo en mente, las instituciones públicas incrementaron en 2022 su esfuerzo inversor convocando 16.988 licitaciones...

Comenzamos este artículo recordando la doctrina del conocimiento anticipado de las partes de la oferta evaluables automáticamente o mediante fórmula y su posible condicionamiento del juicio de valor que, en el caso de existir, siempre ha de tener carácter previo.

Recientemente, la Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado (en adelante, JCCPE) ha emitido su informe n.º 56/2022 acerca de los efectos de la concesión de una subvención posterior con cargo a los fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) sobre un contrato público ya adjudicado, cuya argumentació...

Nos hacemos eco en la tribuna de esta semana, de la reciente Resolución 171/2023 de, 17 de febrero, del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales.

Independientemente del formato se utilice, ya sean archivos electrónicos o sobre los Órganos de Asistencia se encuentran, en muchas ocasiones, con que los licitadores han incluido información indebida al realizar la apertura de la documentación. Analizamos este tema.

El pasado 3 de febrero se publicó la Estrategia Nacional de Contratación Pública 2023 – 2026, que recoge una serie de objetivos y actuaciones a tener en cuenta en los próximos tres años en este ámbito. En este artículo analizaremos el objetivo H: promover un marco normativo claro y estable con el fin de dotar de seguridad jurídica a...

La Ley 9/2017, de 8 de noviembre de contratos del sector público (en adelante, LCSP) incluye la aplicación de criterios sociales en la fase de adjudicación. Sin embargo, en la práctica no es sencillo como se ha evidenciado con las diferentes interpretaciones de los distintos Tribunales Administrativos a la hora de resolver recursos ...

En respuesta a una petición de decisión prejudicial planteada por el Tribunal Supremo de lo Contencioso-Administrativo de Bulgaria, el Tribunal Superior de la Unión Europea emitió una sentencia el pasado junio que tiene implicaciones para nuestro ordenamiento jurídico. Si antes era necesario solicitar al menos tres ofertas a licitad...

La redacción de un precepto normativo efectuada de forma genérica, poco precisa o en términos, cuanto menos, ambiguos, nos lleva, sin remisión, a barajar multitud de interpretaciones a la hora de acomodar la norma en un determinado supuesto práctico.

La proliferación de internet, con más de 4.000 millones de usuarios a nivel mundial, ha impulsado la transformación en las estructuras empresariales de todos los sectores, desde el sector privado a la educación, la sanidad, la industria… sin dejar de lado a la Administración Pública.

En este artículo pondré en valor el Recurso Especial de Contratación, un gran instrumento para los licitadores a la hora de defender sus intereses. Aporta una serie de beneficios que, desde su perspectiva, lo hacen más atractivo que la jurisdicción contencioso-administrativa.

Según el artículo 326 de la Ley de Contratos del Sector Público las funciones de la mesa de contratación cómo órgano de asistencia técnica especializada son, entre otras, la valoración de las proposiciones de los licitadores, siendo una competencia exclusiva suya.