Para que un contrato de I+D quede excluido de la LCSP (Ley de Contratos del Sector Público) bastará con que no se encuentre incluido en los códigos indicados o, si lo está, que no cumpla esas dos condiciones.
Los Tribunales Administrativos de Recursos Contractuales lo recuerdan constantemente: los pliego, tanto el de cláusulas administrativas como el técnico, constituyen la norma del contrato y vinculan tanto a la Administración como a los licitadores.
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El adelanto de información valorable en otro sobre puede suponer la exclusión directa del licitador. Para ello, se precisa de un análisis y valoración previa del sentido y alcance de la contaminación producida, no configurándose pues como un criterio absoluto.
La omisión de los incrementos previstos en el Convenio Colectivo para los años de duración del contrato puede determinar el rechazo de la justificación de oferta anormal ex artículo 149.4 LCSP.
Entre los alegatos más repetidos están los que se refieren al número de perfiles exigidos o a la formación y titulación requerida para prestar el servicio licitado.
El marco normativo que regula la presente cuestión se encuentra en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, en concreto, en su artículo 139.2, que impone el secreto de las proposiciones.
En aquellos casos en que los pliegos que rigen un determinado acuerdo marco recojan ciertas tecnologías válidas, se plantea la cuestión de si el documento de licitación que rige un determinado contrato basado en dicho acuerdo marco puede excluir o descartar una de esas tecnologías.
La Resolución nº 177/2025 del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales (TACRC) ofrece una valiosa reflexión jurídica sobre cuestiones clave en materia de contratación pública.
Esta iniciativa refleja el compromiso permanente de la Comisión con la simplificación de las normas.
Ya supera los 138.000 millones de euros, según un informe de DoubleTrade, que revela que se ejecutaron 162.783 concursos por valor de 138.977 millones de euros.
Adaptará la legislación española al reglamento europeo de IA, ya en vigor. Combina un enfoque regulador con el impulso a la innovación. España se adelanta a la obligación europea de establecer un entorno controlado de pruebas para ayudar a los proveedores de IA a cumplir la legislación.
Estas directrices ofrecen una descripción general de las prácticas de IA que se consideran inaceptables debido a sus riesgos potenciales para los valores y los derechos fundamentales europeos.
El marco regulatorio de la Ley de Resiliencia Operativa Digital (DORA) entró en vigor el 16 de enero de 2023 y las entidades financieras tuvieron hasta el pasado 17 de enero para desplegarlo e implementarlo en su totalidad.
En el articulado de este reglamento se establecen medidas destinadas a reforzar la solidaridad y las capacidades en la Unión a fin de detectar ciberamenazas e incidentes, prepararse y responder a ellos y por el que se modifica el reglamento relativo al Programa Europa Digital.
El Consejo Europeo ha adoptado dos nuevas normas que forman parte del paquete legislativo de ciberseguridad: el llamado Reglamento de Cibersolidaridad y una modificación específica del Reglamento sobre la Ciberseguridad.
La Comisión ha adoptado normas para las funcionalidades básicas y la certificación de las carteras de identidad digital europea (eID) en el Marco Europeo de Identidad Digital.
La Comisión publicó el primer borrador del Código de Buenas Prácticas en materia de Inteligencia Artificial (IA) de uso general.
La declaración señala que el derecho internacional sigue siendo adecuado para este ámbito digital y reitera que los Estados deben respetar determinadas normas y obligaciones al llevar a cabo actividades en el ciberespacio.
En el artículo de esta semana de Kalaman Consulting se analiza si es posible que un fabricante contrate a su Servicio Técnico Oficial (STO) en una licitación donde la subcontratación esté prohibida por pliegos ya que “no todas las adquisiciones de bienes y servicios que el adjudicatario precise para el cumplimiento de la prestación ...
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OPINIÓN
El auge de la inteligencia artificial, impulsada por la IA generativa, está remodelando el panorama de los centros de datos, llevándolos a un nuevo territorio que exige más que simples actualizaciones incrementales.
La transformación digital en la administración pública es, sin lugar a duda, uno de los grandes logros de las últimas décadas. Esta evolución ha permitido que los ciudadanos accedan de forma más rápida y cómoda a servicios esenciales.
En el mundo empresarial actual, dominar la gestión de la información no es solo un desafío técnico, es un activo estratégico. Las empresas que gestionan eficazmente sus datos pueden obtener una ventaja competitiva
En un mundo cada vez más digitalizado, las administraciones públicas deben adaptarse rápidamente para satisfacer las crecientes demandas de los ciudadanos y mejorar la eficiencia de sus servicios.
EL EXPERTO EN CONTRATACIÓN PÚBLICA TE CUENTA...
El contexto actual en el que nos encontramos de nerviosismo en relación a la ejecución de proyectos o subproyectos englobados dentro de algún componente del Plan de Recuperación Transformación y Resiliencia (en adelante, PRTR), que como todos sabemos tienen unos plazos de ejecución muy ambiciosos y ello unido a una sensación general...
El Esquema Nacional de Seguridad, tal y como está recogido en el artículo 2 del Real Decreto 311/2022, de 3 de mayo, resulta de aplicación a las entidades del sector público, a las entidades del sector privado que les presten servicios competenciales y, en general, a la cadena de suministro de estas últimas, en la medida que un anál...
INFORMES
Con un volumen de ciberataques nunca antes visto, potenciado por herramientas de IA y automatización, las entidades públicas siguen reforzando su postura de seguridad, mientras se apoyan en las normativas de seguridad para afrontar desafíos como la complejidad tecnológica y organizativa.
Mientras se consolidan las políticas de datos, se fortalece la ciberseguridad y se gestiona el cambio cultural que supone la transformación digital, las nuevas tecnologías se van abriendo paso en el proceso de digitalización que se inició hace cinco años.
Mientras la progresiva digitalización de las entidades públicas sigue su camino, el trabajo sobre las estructuras de datos y la mejora de sus eficiencias es constante. Las estrategias de datos son cada vez más sólidas y más amplias, apoyadas por planteamientos macro.