Para abordar esta cuestión hay que partir de la premisa de que algunas actividades, como puede ser el caso del servicio de vigilancia y seguridad privada, requieren disponer de la habilitación profesional que les exija su normativa específica.
La Resolución 377/2025 del Tribunal Català de Contractes reafirma el carácter restrictivo de la prórroga excepcional prevista en el artículo 29.4 LCSP.
La cesión obligatoria de derechos en los contratos públicos: implicaciones del artículo 308.1 LCSP y los límites a la protección moral del autor.
La IA protagoniza Municipalia como aliada clave en la modernización de la contratación pública. La feria presenta soluciones que automatizan procesos, optimizan recursos y mejoran la toma de decisiones. Ayuntamientos y administraciones locales apuestan por una gestión más eficiente y predictiva.
De la reciprocidad bilateral al control descentralizado: la contratación pública española ante una transición normativa en el acceso de operadores extranjeros.
La Recomendación de la JCCPE de julio de 2025 como herramienta para clarificar el régimen aplicable a operadores de terceros países y garantizar la seguridad jurídica en los procedimientos de licitación.
Un análisis a la luz de la Resolución nº 1178/2021 del TACRC y los principios de proporcionalidad e igualdad de trato.
El orden de apertura de sobres no es un formalismo: garantiza la igualdad entre licitadores. Si se rompe, los tribunales pueden declarar la nulidad del procedimiento.
La exigencia de responsabilidad solidaria como requisito esencial para la validez de las garantías en los procesos de licitación pública.
La Resolución 268/2025 del TARC de Andalucía aplica el principio de proporcionalidad para evitar una exclusión desproporcionada por la falta de inscripción a tiempo de un Plan de Igualdad.
Es común encontrar pliegos, ya sea de cláusulas administrativas o de prescripciones técnicas, en los que el órgano de contratación recoge la obligatoriedad de realizar visitas a sus instalaciones, a los efectos de poder presentar oferta a la licitación, pero ¿nos encontramos ante un derecho del licitador o un deber del mismo, si así...
Carolina Gil, de Kalaman Consulting, explica Ias implicaciones del Esquema Nacional de Seguridad en los procesos de contratación pública y su correcta aplicación como criterio de adjudicación.
El Código está diseñado para facilitar a la industria el cumplimiento de la futura Ley de IA de uso general, que entrará en vigor el 2 de agosto de 2025.
El artículo 101 LCSP define el valor estimado con una fórmula sencilla, solo en apariencia: “el importe total, sin IVA, pagadero según las estimaciones del órgano de contratación”.
Los pliegos que rigen una determinada licitación son la Lex Contractus a la que están vinculadas las partes, siendo un deber ineludible de las entidades concurrentes a la misma que sus ofertas se ajusten a todas las previsiones contenidas en dichos pliegos
El pasado 3 de abril de 2025, el Tribunal Supremo dictó la sentencia 390/2025 (ECLI:ES:TS:2025:1723), resolviendo una cuestión que, pese a la aparente claridad normativa, continuaba generando confusión en la práctica administrativa: el alcance del peso mínimo que deben tener los criterios relacionados con la calidad en los contratos...
¿Puede el órgano de contratación valerse del requerimiento de documentación previo a la adjudicación para comprobar requisitos técnicos adicionales a los expuestos en los pliegos?
Sergio Galván explica las normas relativas al Sector Público que recogen el derecho del interesado en la interposición de un recurso especial en materia de contratación de acceder al expediente de contratación.
Para que un contrato de I+D quede excluido de la LCSP (Ley de Contratos del Sector Público) bastará con que no se encuentre incluido en los códigos indicados o, si lo está, que no cumpla esas dos condiciones.
Los Tribunales Administrativos de Recursos Contractuales lo recuerdan constantemente: los pliego, tanto el de cláusulas administrativas como el técnico, constituyen la norma del contrato y vinculan tanto a la Administración como a los licitadores.
Prev.
El sector público pierde miles de horas de trabajo cada semana por sistemas obsoletos, infraestructuras fragmentadas y procesos poco ágiles. Este informe revela los datos más recientes sobre el impacto real de la deuda técnica y cómo las organizaciones públicas pueden revertir esta tendencia con estrategias digitales más...
EL EXPERTO EN CONTRATACIÓN PÚBLICA TE CUENTA...
El contexto actual en el que nos encontramos de nerviosismo en relación a la ejecución de proyectos o subproyectos englobados dentro de algún componente del Plan de Recuperación Transformación y Resiliencia (en adelante, PRTR), que como todos sabemos tienen unos plazos de ejecución muy ambiciosos y ello unido a una sensación general...
El Esquema Nacional de Seguridad, tal y como está recogido en el artículo 2 del Real Decreto 311/2022, de 3 de mayo, resulta de aplicación a las entidades del sector público, a las entidades del sector privado que les presten servicios competenciales y, en general, a la cadena de suministro de estas últimas, en la medida que un anál...
OPINIÓN
La Administración Pública entra en una nueva era híbrida, donde la seguridad, la colaboración y la inteligencia artificial construyen un ecosistema de trabajo más eficiente y cercano.
Para abordar esta cuestión hay que partir de la premisa de que algunas actividades, como puede ser el caso del servicio de vigilancia y seguridad privada, requieren disponer de la habilitación profesional que les exija su normativa específica.
La digitalización del sector público trae eficiencia, pero también nuevos riesgos. Proteger los datos y servicios esenciales es una cuestión de seguridad nacional. Con tecnología avanzada y aliados estratégicos como SonicWall, la defensa digital del Estado se fortalece.
INFORMES
Este nuevo informe destaca cómo la Inteligencia Artificial (IA) lidera la siguiente fase de esta transformación y qué se necesita para garantizar que impulse una mayor innovación, a la vez que crea oportunidades para startups y pymes.
El objeto del presente informe es fortalecer la confianza en una administración de altas capacidades que diseña políticas públicas que mejoran la vida de la ciudadanía, ofrece servicios de atención personalizados y actúa con arreglo a los valores de gobierno abierto.
El estudio analiza dos centenares de casos reales de hasta once áreas de la Administración para identificar tendencias, beneficios y riesgo en la implantación que los países líderes del organismo internacional están desplegando para una IA confiable en el sector público.