La exigencia de responsabilidad solidaria como requisito esencial para la validez de las garantías en los procesos de licitación pública.
La Resolución 268/2025 del TARC de Andalucía aplica el principio de proporcionalidad para evitar una exclusión desproporcionada por la falta de inscripción a tiempo de un Plan de Igualdad.
Es común encontrar pliegos, ya sea de cláusulas administrativas o de prescripciones técnicas, en los que el órgano de contratación recoge la obligatoriedad de realizar visitas a sus instalaciones, a los efectos de poder presentar oferta a la licitación, pero ¿nos encontramos ante un derecho del licitador o un deber del mismo, si así...
Carolina Gil, de Kalaman Consulting, explica Ias implicaciones del Esquema Nacional de Seguridad en los procesos de contratación pública y su correcta aplicación como criterio de adjudicación.
El Código está diseñado para facilitar a la industria el cumplimiento de la futura Ley de IA de uso general, que entrará en vigor el 2 de agosto de 2025.
El artículo 101 LCSP define el valor estimado con una fórmula sencilla, solo en apariencia: “el importe total, sin IVA, pagadero según las estimaciones del órgano de contratación”.
Los pliegos que rigen una determinada licitación son la Lex Contractus a la que están vinculadas las partes, siendo un deber ineludible de las entidades concurrentes a la misma que sus ofertas se ajusten a todas las previsiones contenidas en dichos pliegos
El pasado 3 de abril de 2025, el Tribunal Supremo dictó la sentencia 390/2025 (ECLI:ES:TS:2025:1723), resolviendo una cuestión que, pese a la aparente claridad normativa, continuaba generando confusión en la práctica administrativa: el alcance del peso mínimo que deben tener los criterios relacionados con la calidad en los contratos...
¿Puede el órgano de contratación valerse del requerimiento de documentación previo a la adjudicación para comprobar requisitos técnicos adicionales a los expuestos en los pliegos?
Sergio Galván explica las normas relativas al Sector Público que recogen el derecho del interesado en la interposición de un recurso especial en materia de contratación de acceder al expediente de contratación.
Para que un contrato de I+D quede excluido de la LCSP (Ley de Contratos del Sector Público) bastará con que no se encuentre incluido en los códigos indicados o, si lo está, que no cumpla esas dos condiciones.
Los Tribunales Administrativos de Recursos Contractuales lo recuerdan constantemente: los pliego, tanto el de cláusulas administrativas como el técnico, constituyen la norma del contrato y vinculan tanto a la Administración como a los licitadores.
El adelanto de información valorable en otro sobre puede suponer la exclusión directa del licitador. Para ello, se precisa de un análisis y valoración previa del sentido y alcance de la contaminación producida, no configurándose pues como un criterio absoluto.
La omisión de los incrementos previstos en el Convenio Colectivo para los años de duración del contrato puede determinar el rechazo de la justificación de oferta anormal ex artículo 149.4 LCSP.
Entre los alegatos más repetidos están los que se refieren al número de perfiles exigidos o a la formación y titulación requerida para prestar el servicio licitado.
El marco normativo que regula la presente cuestión se encuentra en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, en concreto, en su artículo 139.2, que impone el secreto de las proposiciones.
En aquellos casos en que los pliegos que rigen un determinado acuerdo marco recojan ciertas tecnologías válidas, se plantea la cuestión de si el documento de licitación que rige un determinado contrato basado en dicho acuerdo marco puede excluir o descartar una de esas tecnologías.
La Resolución nº 177/2025 del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales (TACRC) ofrece una valiosa reflexión jurídica sobre cuestiones clave en materia de contratación pública.
Esta iniciativa refleja el compromiso permanente de la Comisión con la simplificación de las normas.
Ya supera los 138.000 millones de euros, según un informe de DoubleTrade, que revela que se ejecutaron 162.783 concursos por valor de 138.977 millones de euros.
Prev.
El Ayuntamiento de Madrid, el Ayuntamiento de Zaragoza, el Congreso de los Diputados, la Dirección General de Tráfico, ISDEFE, Madrid Digital, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, RENFE, la Universidad de Murcia y HP Inc nos muestran el desarrollo del puesto de trabajo en las AAPP.
EL EXPERTO EN CONTRATACIÓN PÚBLICA TE CUENTA...
El contexto actual en el que nos encontramos de nerviosismo en relación a la ejecución de proyectos o subproyectos englobados dentro de algún componente del Plan de Recuperación Transformación y Resiliencia (en adelante, PRTR), que como todos sabemos tienen unos plazos de ejecución muy ambiciosos y ello unido a una sensación general...
El Esquema Nacional de Seguridad, tal y como está recogido en el artículo 2 del Real Decreto 311/2022, de 3 de mayo, resulta de aplicación a las entidades del sector público, a las entidades del sector privado que les presten servicios competenciales y, en general, a la cadena de suministro de estas últimas, en la medida que un anál...
OPINIÓN
La exigencia de responsabilidad solidaria como requisito esencial para la validez de las garantías en los procesos de licitación pública.
La Resolución 268/2025 del TARC de Andalucía aplica el principio de proporcionalidad para evitar una exclusión desproporcionada por la falta de inscripción a tiempo de un Plan de Igualdad.
Es común encontrar pliegos, ya sea de cláusulas administrativas o de prescripciones técnicas, en los que el órgano de contratación recoge la obligatoriedad de realizar visitas a sus instalaciones, a los efectos de poder presentar oferta a la licitación, pero ¿nos encontramos ante un derecho del licitador o un deber del mismo, si así...
INFORMES
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El gasto público en licitaciones se dispara un 33,7% en la primera mitad de 2025, evidenciando el compromiso de las instituciones para mejorar las infraestructuras y servicios
Con un volumen de ciberataques nunca antes visto, potenciado por herramientas de IA y automatización, las entidades públicas siguen reforzando su postura de seguridad, mientras se apoyan en las normativas de seguridad para afrontar desafíos como la complejidad tecnológica y organizativa.