La nueva Ley de Protección al Informante exige implantar un canal de denuncias antes del 13 de junio a los municipios de más de 10.000 habitantes. En total serían más de 750. Adicionalmente, 7.400 municipios de menos de 10.000 habitantes tienen hasta el 1 de diciembre para hacerlo.

Es este uno de los mecanismos previstos por la normativa de contratación pública más utilizados por los operadores económicos a la hora de participar en los procedimientos de licitación, sobre todo en contratos con altas exigencias, en cuanto a importes, acerca de la solvencia económica-financiera y técnica o profesional.

Kalaman Consulting analiza en este artículo un supuesto muy común que se produce en las licitaciones, esto es, la exclusión motivada en la omisión de alguna cuestión técnica por parte del licitador respecto al efectivo cumplimiento de las prescripciones técnicas solicitadas en la documentación contractual.

La Disposición Adicional Decimoquinta, en adelante DA 15ª, de la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público, en lo sucesivo LCSP, fija que los plazos a contar desde la notificación se computarán desde la fecha de envío de la misma o del aviso de notificación, si fuera mediante comparecencia electrónica, siempre que el acto objeto de...

Resulta controvertido y acarrea multitud de quebraderos de cabeza para los servicios técnicos de las entidades contratantes enfrentarse con las tareas de comprobación del adecuamiento de las ofertas presentadas a los requisitos establecidos en el pliego de prescripciones técnicas.

Las Administraciones Públicas, al igual que todos los responsables del tratamiento, han de asumir que las brechas de datos personales podrían producirse y que las medidas de seguridad no garantizan una protección total. La Agencia ha lanzado un documento con un listado de medidas preventivas que se podrían implementar.

Red.es y el Observatorio Nacional de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información (ONTSI) buscan perfilar con ayuda de la ciudadanía los derechos digitales más relevantes.

El preámbulo de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público (en adelante, LCSP) indica que el procedimiento abierto simplificado nace con la vocación de convertirse en un procedimiento “muy ágil” que debería permitir que un contrato estuviera adjudicado en el periodo de un mes desde que se abre el plazo para la...

Este Grupo de Alto Nivel podrá proporcionar al grupo el asesoramiento y los conocimientos especializados para garantizar que tanto la citada ley como otros reglamentos sectoriales se apliquen de manera coherente y complementaria. También puede proporcionar experiencia en investigaciones de mercado sobre servicios y prácticas emergen...

Comenzamos este artículo recordando la doctrina del conocimiento anticipado de las partes de la oferta evaluables automáticamente o mediante fórmula y su posible condicionamiento del juicio de valor que, en el caso de existir, siempre ha de tener carácter previo.

Recientemente, la Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado (en adelante, JCCPE) ha emitido su informe n.º 56/2022 acerca de los efectos de la concesión de una subvención posterior con cargo a los fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) sobre un contrato público ya adjudicado, cuya argumentació...

Impulsada por el Ministerio de Asuntos Económicos y Transición Digital, el objetivo de la consulta es recabar opiniones sobre los problemas que se pretenden solucionar, los objetivos de la norma y las posibles soluciones alternativas. Con la implantación de la facturación electrónica se reducirá la morosidad y se digitalizará la eco...

Nos hacemos eco en la tribuna de esta semana, de la reciente Resolución 171/2023 de, 17 de febrero, del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales.

Independientemente del formato se utilice, ya sean archivos electrónicos o sobre los Órganos de Asistencia se encuentran, en muchas ocasiones, con que los licitadores han incluido información indebida al realizar la apertura de la documentación. Analizamos este tema.

El pasado 3 de febrero se publicó la Estrategia Nacional de Contratación Pública 2023 – 2026, que recoge una serie de objetivos y actuaciones a tener en cuenta en los próximos tres años en este ámbito. En este artículo analizaremos el objetivo H: promover un marco normativo claro y estable con el fin de dotar de seguridad jurídica a...

La Ley 9/2017, de 8 de noviembre de contratos del sector público (en adelante, LCSP) incluye la aplicación de criterios sociales en la fase de adjudicación. Sin embargo, en la práctica no es sencillo como se ha evidenciado con las diferentes interpretaciones de los distintos Tribunales Administrativos a la hora de resolver recursos ...

En respuesta a una petición de decisión prejudicial planteada por el Tribunal Supremo de lo Contencioso-Administrativo de Bulgaria, el Tribunal Superior de la Unión Europea emitió una sentencia el pasado junio que tiene implicaciones para nuestro ordenamiento jurídico. Si antes era necesario solicitar al menos tres ofertas a licitad...

El Reglamento crea órdenes europeas de presentación y conservación que pueden ser emitidas por las autoridades judiciales con el fin de obtener o preservar pruebas electrónicas independientemente de la ubicación de la información. Estos pedidos pueden cubrir cualquier categoría de datos, incluidos los de suscriptor, tráfico y conten...

Con el objetivo de potenciar el sector económico de la ciberseguridad, la Agencia de Ciberseguridad de Cataluña anima a participar en el diseño y gestión de sus servicios y proyectos para alcanzar las metas estratégicas de la organización.

La redacción de un precepto normativo efectuada de forma genérica, poco precisa o en términos, cuanto menos, ambiguos, nos lleva, sin remisión, a barajar multitud de interpretaciones a la hora de acomodar la norma en un determinado supuesto práctico.