Comenzamos este artículo recordando la doctrina del conocimiento anticipado de las partes de la oferta evaluables automáticamente o mediante fórmula y su posible condicionamiento del juicio de valor que, en el caso de existir, siempre ha de tener carácter previo.

Recientemente, la Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado (en adelante, JCCPE) ha emitido su informe n.º 56/2022 acerca de los efectos de la concesión de una subvención posterior con cargo a los fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) sobre un contrato público ya adjudicado, cuya argumentació...

Impulsada por el Ministerio de Asuntos Económicos y Transición Digital, el objetivo de la consulta es recabar opiniones sobre los problemas que se pretenden solucionar, los objetivos de la norma y las posibles soluciones alternativas. Con la implantación de la facturación electrónica se reducirá la morosidad y se digitalizará la eco...

Nos hacemos eco en la tribuna de esta semana, de la reciente Resolución 171/2023 de, 17 de febrero, del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales.

Independientemente del formato se utilice, ya sean archivos electrónicos o sobre los Órganos de Asistencia se encuentran, en muchas ocasiones, con que los licitadores han incluido información indebida al realizar la apertura de la documentación. Analizamos este tema.

El pasado 3 de febrero se publicó la Estrategia Nacional de Contratación Pública 2023 – 2026, que recoge una serie de objetivos y actuaciones a tener en cuenta en los próximos tres años en este ámbito. En este artículo analizaremos el objetivo H: promover un marco normativo claro y estable con el fin de dotar de seguridad jurídica a...

La Ley 9/2017, de 8 de noviembre de contratos del sector público (en adelante, LCSP) incluye la aplicación de criterios sociales en la fase de adjudicación. Sin embargo, en la práctica no es sencillo como se ha evidenciado con las diferentes interpretaciones de los distintos Tribunales Administrativos a la hora de resolver recursos ...

En respuesta a una petición de decisión prejudicial planteada por el Tribunal Supremo de lo Contencioso-Administrativo de Bulgaria, el Tribunal Superior de la Unión Europea emitió una sentencia el pasado junio que tiene implicaciones para nuestro ordenamiento jurídico. Si antes era necesario solicitar al menos tres ofertas a licitad...

El Reglamento crea órdenes europeas de presentación y conservación que pueden ser emitidas por las autoridades judiciales con el fin de obtener o preservar pruebas electrónicas independientemente de la ubicación de la información. Estos pedidos pueden cubrir cualquier categoría de datos, incluidos los de suscriptor, tráfico y conten...

Con el objetivo de potenciar el sector económico de la ciberseguridad, la Agencia de Ciberseguridad de Cataluña anima a participar en el diseño y gestión de sus servicios y proyectos para alcanzar las metas estratégicas de la organización.

La redacción de un precepto normativo efectuada de forma genérica, poco precisa o en términos, cuanto menos, ambiguos, nos lleva, sin remisión, a barajar multitud de interpretaciones a la hora de acomodar la norma en un determinado supuesto práctico.

En este artículo pondré en valor el Recurso Especial de Contratación, un gran instrumento para los licitadores a la hora de defender sus intereses. Aporta una serie de beneficios que, desde su perspectiva, lo hacen más atractivo que la jurisdicción contencioso-administrativa.

Esta semana entraron en vigor dos directivas clave sobre infraestructuras críticas y digitales que reforzarán la resiliencia de la UE frente a las amenazas online y offline, desde los ciberataques hasta la delincuencia, los riesgos para la salud pública o las catástrofes naturales.

Conocida como NIS2, la Directiva (UE) 2022/2555 establece principalmente los deberes en términos de ciberseguridad para los Estados miembros y las medidas que estos han de tomar en la gestión de riesgos, así como las obligaciones de notificación para las entidades en su ámbito de aplicación.

Uno de los supuestos que contempla la LSCP como prohibición para contratar es no hallarse al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias o con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes. ¿Qué ocurre cuando los operadores económicos son extranjeros? ¿Cómo acreditan su debido cumplimiento?

El proyecto de Reglamento de Ejecución, ahora disponible para la opinión pública, detalla los aspectos procesales relacionados con la aplicación de la DMA, como el derecho de las partes a ser oídas y a acceder al expediente, así como los elementos incluidos en los formularios de notificación, entre otros.

La CNMC se ha pronunciado sobre los criterios que deberían guiar la duración y alcance de la prohibición de contratar con las entidades previstas en el artículo 3 de la LSCP de empresas sancionadas por infringir la normativa de la defensa de la competencia.

España se posiciona a la vanguardia de Europa con la primera ley centrada en la creación y el impulso de empresas emergentes y en la atracción de talento y capital internacional. Entre las mejoras incluidas durante el trámite parlamentario, se contemplan mayores incentivos al emprendimiento en serie, un foco en el emprendimiento rur...

El Consejo ha adoptado el Reglamento sobre la resiliencia operativa digital (Reglamento DORA), que asegurará que el sector financiero en Europa siga funcionando de forma resiliente en caso de grave perturbación operativa.

En esta nueva tribuna, Sergio Galván expone las problemáticas con las que se puede encontrar el licitador cuanto tiene que calcular el presupuesto base de licitación con una situación en la que existe personal a subrogar y aborda el posible "enriquecimiento injusto".