Es este uno de los mecanismos previstos por la normativa de contratación pública más utilizados por los operadores económicos a la hora de participar en los procedimientos de licitación, sobre todo en contratos con altas exigencias, en cuanto a importes, acerca de la solvencia económica-financiera y técnica o profesional.
Kalaman Consulting analiza en este artículo un supuesto muy común que se produce en las licitaciones, esto es, la exclusión motivada en la omisión de alguna cuestión técnica por parte del licitador respecto al efectivo cumplimiento de las prescripciones técnicas solicitadas en la documentación contractual.
La Disposición Adicional Decimoquinta, en adelante DA 15ª, de la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público, en lo sucesivo LCSP, fija que los plazos a contar desde la notificación se computarán desde la fecha de envío de la misma o del aviso de notificación, si fuera mediante comparecencia electrónica, siempre que el acto objeto de...
Las Administraciones Públicas, al igual que todos los responsables del tratamiento, han de asumir que las brechas de datos personales podrían producirse y que las medidas de seguridad no garantizan una protección total. La Agencia ha lanzado un documento con un listado de medidas preventivas que se podrían implementar.
El preámbulo de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público (en adelante, LCSP) indica que el procedimiento abierto simplificado nace con la vocación de convertirse en un procedimiento “muy ágil” que debería permitir que un contrato estuviera adjudicado en el periodo de un mes desde que se abre el plazo para la...
Este Grupo de Alto Nivel podrá proporcionar al grupo el asesoramiento y los conocimientos especializados para garantizar que tanto la citada ley como otros reglamentos sectoriales se apliquen de manera coherente y complementaria. También puede proporcionar experiencia en investigaciones de mercado sobre servicios y prácticas emergen...
Recientemente, la Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado (en adelante, JCCPE) ha emitido su informe n.º 56/2022 acerca de los efectos de la concesión de una subvención posterior con cargo a los fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) sobre un contrato público ya adjudicado, cuya argumentació...
Impulsada por el Ministerio de Asuntos Económicos y Transición Digital, el objetivo de la consulta es recabar opiniones sobre los problemas que se pretenden solucionar, los objetivos de la norma y las posibles soluciones alternativas. Con la implantación de la facturación electrónica se reducirá la morosidad y se digitalizará la eco...
El pasado 3 de febrero se publicó la Estrategia Nacional de Contratación Pública 2023 – 2026, que recoge una serie de objetivos y actuaciones a tener en cuenta en los próximos tres años en este ámbito. En este artículo analizaremos el objetivo H: promover un marco normativo claro y estable con el fin de dotar de seguridad jurídica a...
Los riesgos en la aplicación de criterios de adjudicación de carácter social Por Kalaman Consulting.
La Ley 9/2017, de 8 de noviembre de contratos del sector público (en adelante, LCSP) incluye la aplicación de criterios sociales en la fase de adjudicación. Sin embargo, en la práctica no es sencillo como se ha evidenciado con las diferentes interpretaciones de los distintos Tribunales Administrativos a la hora de resolver recursos ...
En respuesta a una petición de decisión prejudicial planteada por el Tribunal Supremo de lo Contencioso-Administrativo de Bulgaria, el Tribunal Superior de la Unión Europea emitió una sentencia el pasado junio que tiene implicaciones para nuestro ordenamiento jurídico. Si antes era necesario solicitar al menos tres ofertas a licitad...
El Reglamento crea órdenes europeas de presentación y conservación que pueden ser emitidas por las autoridades judiciales con el fin de obtener o preservar pruebas electrónicas independientemente de la ubicación de la información. Estos pedidos pueden cubrir cualquier categoría de datos, incluidos los de suscriptor, tráfico y conten...
En este artículo pondré en valor el Recurso Especial de Contratación, un gran instrumento para los licitadores a la hora de defender sus intereses. Aporta una serie de beneficios que, desde su perspectiva, lo hacen más atractivo que la jurisdicción contencioso-administrativa.
OPINIÓN
La disposición adicional decimoquinta de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público (en lo sucesivo, LCSP) establece que "las notificaciones a las que se refiere la presente Ley se podrán realizar mediante dirección electrónica habilitada o mediante comparecencia electrónica".
En esta ocasión nos referimos a la reciente Resolución 55/2024, de 14 de febrero, del Tribunal Catalán de Contratos del Sector Público (TCCSP), que resuelve un recurso contra la adjudicación de un contrato de servicios de limpieza, interpuesto por entender la recurrente que la oferta de la adjudicataria vulnera el Convenio Colectivo...
En numerosas ocasiones el Órgano de Contratación se encuentra en la disyuntiva de solicitar o no la subsanación o aclaración de las ofertas económicas y resto de criterios evaluables mediante la aplicación de fórmulas frente a posibles exclusiones de los licitadores. Sin embargo, ¿estamos ante una posibilidad del Órgano de Contratac...
EL EXPERTO EN CONTRATACIÓN PÚBLICA TE CUENTA...
Tras la valoración de las propuestas presentadas a un procedimiento de licitación, el órgano de contratación requerirá, respecto del licitador propuesto como adjudicatario, conforme a lo dispuesto en el artículo 150.2 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público (en adelante LCSP), para que aporte la “document...
INFORMES
El programa político de la Década Digital establece ambiciones digitales para la próxima década en forma de
objetivos claros y concretos que resume este informe en 4 puntos.
La edición de 2023 del Informe sobre la situación de la Administración pública digital y la Interoperabilidad profundiza en tres áreas de políticas clave que están en el centro del panorama político actual.
El Informe sobre Gobierno Electrónico evalúa la provisión y entrega de servicios de gobierno electrónico en 35 países de Europa. España se sitúa en el quinto puesto del indicador de ‘Centralidad en el usuario’ con 98 puntos.