La identidad digital europea, un paso más cerca con el desarrollo de eIDAS2

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Se espera que la nueva versión del reglamento de identidad digital europea reciba su aprobación formal en el mes de marzo de 2024, tras el visto bueno del Parlamento Europeo y el Consejo de la UE el pasado noviembre.

La Unión Europea tiene previsto que, para el año 2030, el 80% de los ciudadanos de la Unión tengan su propia Identidad Digital Europea. El marco para su desarrollo lo establecerá el reglamento eIDAS2 (Electronic IDentification, Authentication and trust Services 2). El 8 de noviembre los Estados miembros alcanzaron un acuerdo sobre el mismo en el Parlamento Europeo y el Consejo de la Unión, un acuerdo que tendrá su aprobación formal previsiblemente en el mes de marzo del año próximo.

Paralelamente, la Comisión Europea está invirtiendo 46 millones de euros en el desarrollo del nuevo wallet, que almacenará en los móviles, de forma segura, la identidad de los ciudadanos europeos. Para ello ha lanzado cuatro pilotos a gran escala, como EWC (European Wallet Consortium), del que forman parte empresas como Worldline, que propone un HUB de Identidad Digital que ofrezca desde una única integración el acceso al ecosistema europeo de identidad digital.

El European Wallet Consortium trabaja en varias líneas. Por un lado, en el almacenamiento y la presentación de las credenciales de viajes digitales, facilitando el movimiento transfronterizo en Europa. Además, está desarrollando carteras de identidad digital empresarial para identificarse en cualquier lugar de Europa como representante legítimo de una organización. También utilizará el monedero de identidad digital de la UE para el almacenamiento de las credenciales de pago y la autorización de transacciones.

El wallet digital en los móviles tendrá como elemento central la identidad digital nacional, en el caso de España el DNI electrónico. A partir de ahí, se le podrán añadir otros atributos, como el carné de conducir, los títulos universitarios o los certificados de titularidad de una cuenta bancaria, entre otros. Los ciudadanos deberán dar su consentimiento o negarlo para cada atributo que quieran compartir. La idea es que los ciudadanos seamos dueños de nuestra identidad digital y la compartamos cómo, cuándo y con quien decidamos.