La Resolución nº 177/2025 del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales (TACRC) ofrece una valiosa reflexión jurídica sobre cuestiones clave en materia de contratación pública.
El pliego de cláusulas administrativas particulares es un documento de carácter jurídico que recoge las normas de tramitación del procedimiento para la adjudicación del contrato, así como las normas que aplicaran a la ejecución del mismo.
Este texto se centra en el reciente pronunciamiento del Tribunal Supremo acerca del abono de intereses de demora por las obras recibidas y ocupadas por la Administración no previstas en el proyecto de obra.
Se considera fraccionamiento de contratos públicos la división en dos o más contratos de aquellas prestaciones que, según su naturaleza, podrían agruparse bajo uno único, llevando aparejada, en la mayoría de los casos, la intención de eludir la aplicación de las normas procedimentales.
En los anuncios de licitación de los contratos reservados a Centros Especiales de Empleo de iniciativa social y a empresas de inserción, debe hacerse referencia a la Disposición adicional cuarta de la LCSP.
La solvencia técnica se refiere a la capacidad y competencia de un empresario para la ejecución de un contrato determinado, acreditada mediante la posesión de conocimientos técnicos especializados.
Es importante que las resoluciones de adjudicación contengan una exposición resumida de las razones por las que se han excluido y/o descartado ciertas ofertas, así como las razones por las que se determina adjudicar el contrato el licitador seleccionado.
Es bastante frecuente en la operativa de contratación pública la necesidad de corregir o dar marcha atrás en los procedimientos de licitación, en aquellos supuestos en los que los órganos de contratación advierten de errores en la configuración de los pliegos, una vez el expediente se encuentra publicado y en tramitación.
En estos últimos años se han suscitado diversas polémicas, recursos, litigios y consultas a órganos consultivos relacionadas con la subida de los costes en los contratos del sector público, y es por ello que con esta tribuna pretendo desvelar, o mejor dicho, aclarar las conclusiones de todo lo acaecido al respecto, y no solo en cuan...
La Ley de Contratos del Sector Público prevé en su artículo 75 la posibilidad de que las empresas licitadoras acrediten la solvencia necesaria basándose en la de otras entidades, independientemente de la naturaleza jurídica de los vínculos que tenga con ellas, siempre que demuestre que durante toda la duración de la ejecución del co...
El reciente Real Decreto-ley 9/2024, publicado el 24 de diciembre, marca un giro importante en la regulación de la vivienda pública en España. En un contexto de crisis habitacional y creciente vulnerabilidad social, el Gobierno ha optado por medidas urgentes que buscan acelerar la promoción de viviendas sociales y asequibles, facili...
El artículo de esta semana se centra sobre la forma de acreditación del cumplimiento de las obligaciones tributarias a través del análisis del reciente Informe 46/2024 de la Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado (en adelante, JCCPE) de 12 de diciembre de 2024. El citado informe se centra en el análisis del cumplimiento...
Son numerosas las decisiones adoptadas por nuestro país en relación a la articulación de los Fondos Next Generation EU. En este sentido, cabe destacar la elaboración del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), aprobado en abril de 2021 junto con el Plan de Digitalización de la Administración Pública 2021-2025.
En relación con el Dies a quo, la Disposición adicional decimoquinta de la LCSP establece que el cómputo de las notificaciones mediante comparecencia electrónica se inicia desde el aviso de notificación, siempre que se cumpla la condición de que el acto objeto de notificación se haya publicado el mismo día en el Perfil de contratant...
El artículo 1 LCSP viene a reafirmar la relación necesaria que existe entre el principio de libre competencia y el de selección de la oferta económicamente más ventajosa. De hecho, el propio preámbulo de la Ley contempla la necesidad de garantizar la libre competencia entre licitadores, vedando y creando mecanismos suficientes para ...
En nuestro ordenamiento jurídico, las prohibiciones de contratar con el Sector Público se regulan en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público (LCSP) y, concretamente, en sus artículos 71 y siguientes.
La Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, en adelante LCSP, distingue entre los contratos reservados a Centros Especiales de Empleo de Iniciativa Social y empresas de inserción (disposición adicional cuarta), y la reserva de ciertos contratos a determinadas organizaciones (disposición adicional cuadragésima ...
El auge de la inteligencia artificial, impulsada por la IA generativa, está remodelando el panorama de los centros de datos, llevándolos a un nuevo territorio que exige más que simples actualizaciones incrementales.
La transformación digital en la administración pública es, sin lugar a duda, uno de los grandes logros de las últimas décadas. Esta evolución ha permitido que los ciudadanos accedan de forma más rápida y cómoda a servicios esenciales.
En el mundo empresarial actual, dominar la gestión de la información no es solo un desafío técnico, es un activo estratégico. Las empresas que gestionan eficazmente sus datos pueden obtener una ventaja competitiva
Prev.
El Ayuntamiento de Madrid, el Ayuntamiento de Zaragoza, el Congreso de los Diputados, la Dirección General de Tráfico, ISDEFE, Madrid Digital, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, RENFE, la Universidad de Murcia y HP Inc nos muestran el desarrollo del puesto de trabajo en las AAPP.
EL EXPERTO EN CONTRATACIÓN PÚBLICA TE CUENTA...
El contexto actual en el que nos encontramos de nerviosismo en relación a la ejecución de proyectos o subproyectos englobados dentro de algún componente del Plan de Recuperación Transformación y Resiliencia (en adelante, PRTR), que como todos sabemos tienen unos plazos de ejecución muy ambiciosos y ello unido a una sensación general...
El Esquema Nacional de Seguridad, tal y como está recogido en el artículo 2 del Real Decreto 311/2022, de 3 de mayo, resulta de aplicación a las entidades del sector público, a las entidades del sector privado que les presten servicios competenciales y, en general, a la cadena de suministro de estas últimas, en la medida que un anál...
OPINIÓN
La exigencia de responsabilidad solidaria como requisito esencial para la validez de las garantías en los procesos de licitación pública.
La Resolución 268/2025 del TARC de Andalucía aplica el principio de proporcionalidad para evitar una exclusión desproporcionada por la falta de inscripción a tiempo de un Plan de Igualdad.
Es común encontrar pliegos, ya sea de cláusulas administrativas o de prescripciones técnicas, en los que el órgano de contratación recoge la obligatoriedad de realizar visitas a sus instalaciones, a los efectos de poder presentar oferta a la licitación, pero ¿nos encontramos ante un derecho del licitador o un deber del mismo, si así...
INFORMES
El proyecto GovTech Connect apoya a organismos públicos de toda la UE en la adopción de soluciones digitales rentables mediante el desarrollo y el fomento del ecosistema europeo.
El gasto público en licitaciones se dispara un 33,7% en la primera mitad de 2025, evidenciando el compromiso de las instituciones para mejorar las infraestructuras y servicios
Con un volumen de ciberataques nunca antes visto, potenciado por herramientas de IA y automatización, las entidades públicas siguen reforzando su postura de seguridad, mientras se apoyan en las normativas de seguridad para afrontar desafíos como la complejidad tecnológica y organizativa.