El desafío en la gestión de los fondos Next Generation EU, la otra cara de la moneda

María Gómez, KALAMAN CONSULTING

En los últimos años, los Fondos Next Generation EU se han convertido en una de las mayores oportunidades para la recuperación de la economía europea tras la pandemia motivada por el COVID-19. Dichos fondos, diseñados con el objetivo de impulsar a los países miembros de la Unión Europea, promueven reformas y proyectos de inversión a favor de la digitalización, sostenibilidad y transición ecológica.

En el caso de España, pese a ser uno de los países miembros con mayor asignación de fondos (más de 150 millones de euros) junto con Italia, Polonia, Francia y Grecia, la gestión de estos ha pasado a convertirse de una gran oportunidad, a un desafío y preocupación, en lo que a su ejecución y aprovechamiento respecta.

Son numerosas las decisiones adoptadas por nuestro país en relación a la articulación de los Fondos Next Generation EU. En este sentido, cabe destacar la elaboración del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), aprobado en abril de 2021 junto con el Plan de Digitalización de la Administración Pública 2021-2025, que incluye la creación de nuevas plataformas digitales para mejorar la gestión de los servicios públicos, ambos acompañados de políticas de transición ecológica, fomento de innovación e iniciativas de formación y empleo.

No obstante, problemas manifiestos de escasez de seguridad jurídica, falta de personal cualificado y deficiencias en la coordinación de la ejecución por parte de la administración descentralizada de nuestro país, se han convertido en los principales obstáculos que están ralentizando la llegada de los Fondos Next Generation EU hacia la economía española.

Sobre este extremo se ha pronunciado el Tribunal de Cuentas Europeo señalando en su última auditoria que «el plan nacional de recuperación y resiliencia de España contenía una serie de reformas específicas para modernizar la administración pública del país, pero presenta dificultades para planificar adecuadamente los recursos necesarios». Pone de manifiesto, en un contexto donde la Comisión Europea reclama avances tangibles, que los resultados obtenidos hasta ahora en España son lentos y alarman sobre posibles sanciones futuras.

El informe detalla los conflictos que han frenado el uso de estos recursos comunitarios. En concreto, destaca el retraso en la ejecución de los proyectos financiados que viene arrastrando España desde el año 2022, como ocurrió en la absorción de los proyectos de renovación de viviendas, donde el objetivo inicial era renovar 510.000 viviendas y se vio reducido a 410.000 con motivo de la inflación y el encarecimiento de las materias primas.

Por otro lado, el Tribunal de Cuentas centra el punto de mira en la falta de comunicación y coordinación con las administraciones autonómicas y locales. En una administración pública donde el grado de descentralización es tan elevado, como ocurre en nuestro país, la responsabilidad de gestionar una cuantía tan elevada de fondos requiere de un sistema de coordinación consolidado y ágil entre Administraciones.

En España, a pesar de los esfuerzos por descentralizar y agilizar la implementación de los proyectos, las tensiones políticas y las diferencias entre las administraciones públicas han generado conflictos y ralentizado la asignación de fondos. A ello sumamos, que las comunidades autónomas han expresado su frustración por la distribución de los recursos, lo que ha complicado aún más la ejecución de los proyectos.

Ejemplo de ello, es el dato de 31 entes locales que fueron asignados para la gestión de fondos que superaban los 37 millones de euros. De estos ayuntamientos, 3 años después de publicarse el anuncio de las ayudas por parte del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo (septiembre de 2021), apenas 5 entes de los 31 habían finalizado sus planes. Únicamente el Ayuntamiento de Toledo cumplió con los plazos previstos.

Sobre este extremo se ha pronunciado la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) en un informe de junio de 2024, reclamando al Ministerio de Hacienda que «existen múltiples entidades locales que se encuentran ante la responsabilidad de decidir si intentar ejecutar totalmente los proyectos, o si realizan una renuncia parcial o incluso total, con las penalizaciones asociadas que esto podría conllevar, por falta de medios para poder ejecutar dichos proyectos».

En este sentido, una de las principales dificultades a las que se enfrentan las entidades locales, es la falta de personal para gestionar de manera eficiente los fondos. A pesar de la creciente asignación de recursos, gran parte de las administraciones públicas no han podido contratar personal lo suficientemente cualificado en esta materia. Esta escasez, ha incrementado la carga de trabajo sobre los empleados públicos y ha dificultado la correcta supervisión de los proyectos.

A esta circunstancia, en el mencionado informe elaborado por la FEMP, se suman los retrasos para la entrada en funcionamiento de la herramienta CoFFEE, sistema informático de gestión del Plan de Recuperación que presenta deficiencias contables, bloqueos y faltas de integración con las herramientas regionales, lo que ha conllevado acudir a otras vías de traspaso de información menos operativas -como es el envío de archivos Excel manualmente-.

En consecuencia, esta suma de inconvenientes, está provocando que las entidades locales no sean capaces de cumplir con los plazos de ejecución establecidos para los proyectos. Ejemplo de ello resultan los consistorios de Noja y Zamora que renunciaron directamente a los fondos asignados y tuvieron que reintegrarlos íntegramente.

España, en definitiva, se ve en tensión por esta gestión deficitaria de los Fondos Next Generatios EU, pues una mala administración de los mismos podría tener graves consecuencias. Si los problemas de ejecución no cesan, el país corre el riesgo de perder acceso a futuras financiaciones de la Unión Europea. La gestión ineficiente de los fondos NextGen no solo compromete el crecimiento económico esperado, sino que también puede generar restricciones menos flexibles por parte de Bruselas en futuros desembolsos.

En conclusión, por los motivos expuestos resulta evidente que la gestión de los fondos Next Generation EU no está resultando sencilla para nuestro país, si bien, los esfuerzos por mejorar dichas deficiencias son continuos. Las políticas a ejecutar deben alinearse con las recomendaciones establecidas por la Comisión Europea, siendo las actuaciones principales a llevar a cabo:

1. Dar agilidad a los procesos administrativos para reducir la burocracia.

2. Reforzar los mecanismos de control y auditoría, con el fin de garantizar que los fondos se utilicen de manera eficiente y se eviten irregularidades.

3. Mejorar la planificación de los proyectos, asegurando que los mismos estén listos para su implementación a tiempo.

4. Fomentar una mayor coordinación entre administraciones, con el fin de evitar conflictos y garantizar una distribución equitativa de los recursos.

5. Mayor inversión en personal cualificado por parte de los Estados Miembros.

Pese a que los resultados fiscalizadores de la actividad española en la gestión de los Fondos Next Generation EU no sean del todo positivos, debemos aprovechar la oportunidad de alcanzar cambios estructurales en nuestra economía que reduzcan la actual brecha con respecto al resto de Estados. Así, con la experiencia adquirida hasta ahora, España tiene la posibilidad de reorientar las estrategias, mejorar los mecanismos de control y optimizar la distribución de los recursos. En lugar de poner el foco en el histórico de actuaciones que no han dado resultados, debemos potenciar el esfuerzo en avanzar hacia una sociedad más sostenible, inclusiva y competitiva gracias al potencial de los fondos Next Generation EU.