La CNMC valora positivamente el borrador del Real Decreto que regulará el ENS

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La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha analizado el borrador del Real Decreto que regulará la política de seguridad del sector público en la utilización de medios electrónicos. Según el organismo, en términos generales, el texto normativo no presenta restricciones a la competencia reseñables, pero hace recomendaciones relacionadas con la cualificación profesional y la adquisición de productos o contratación de seguridad.

La CNMC ha valorado “positivamente” el objetivo del borrador del Real Decreto con el que se pretende preparar a las entidades públicas ante las amenazas provenientes del ciberespacio, propiciando su capacidad de adaptación ante los ataques y ciberincidentes.

El objetivo principal de esta norma es actualizar el Esquema Nacional de Seguridad (ENS) que determina la política de seguridad del sector público en la utilización de medios electrónicos y recoge los principios básicos y requisitos mínimos que garanticen adecuadamente la seguridad de la información tratada.

En su valoración, dice que “en términos generales, el texto normativo analizado no presenta restricciones a la competencia reseñables”, pero hace dos recomendaciones. Por un lado, en relación con la profesionalidad requerida para revisar y auditar los sistemas de información, aconseja que las personas que se dediquen a auditar y supervisar los sistemas de información, dispongan de titulación específica siempre que se posible, algo que recuerda que ha recomendado “en repetidas ocasiones”.

Por otro, subraya que siempre que las funcionalidades de seguridad de los productos y servicios queden garantizadas, se recomienda que se utilicen procedimientos de contratación favorecedores de la concurrencia de operadores, así como que se respete de forma adecuada el principio de neutralidad tecnológica. De igual forma, recuerda que los esquemas de acreditación de entidades o personas deberán basarse en criterios objetivos, transparentes y no discriminatorios, promoviendo la competencia en la provisión de estos servicios.