"El plan de modernización tiene el objetivo de recuperar el PIB y crear puestos de trabajo", Juan Jesús Torres

Tal y como explicaba el Secretario General de Administración Digital, “este plan de modernización se enmarca en una serie de iniciativas estratégicas que se están poniendo en marcha con el objetivo de recuperar el PIB y crear puestos de trabajo. Todos estos planes, incluyendo el de modernización de la Administración, cuentan con cuatro principios básicos: transición ecológica, la dimensión digital, la igualdad de género y la cohesión social y territorial, con el objetivo que cualquier ciudadano o ciudadana goce de las mismas oportunidades en cualquier lugar del territorio”.

Este plan se articula alrededor de 10 políticas “palanca” y una de ellas es, “efectivamente, conseguir una Administración para el siglo XXI”, y para ello está previsto que “en el período 2021-2023 se movilice un total de 4.315 millones de euros para inversiones relacionadas con la transformación de las Administraciones Públicas, lo que incluye el ámbito concreto de la digitalización como la transformación energética. En concreto, para la Transformación Digital se destinarán 3.165 millones de euros entre 2021 y 2023”.

Las prioridades de la Administración centraron la entrevista a Juan José Torres. Clica en la imagen para verla.

 

Más de un centenar de iniciativas

Estas palancas se traducen en más de un centenar de reformas y focos de inversión. Tal y como explica Juan José Torres, las prioridades son “la digitalización de la Administración y los procesos, la transición energética y la propia reforma de las Administraciones Públicas”.

En este sentido, la digitalización de la Administración y los procesos se centran en “dos ámbitos: uno transversal, con iniciativas que pueden afectar a toda la Administración; y otro en determinados ámbitos sectoriales, destinados a Ministerios con especial relación con la ciudadanía”.

En cuanto a la transición energética busca “tanto el ahorro como la eficiencia energética, así como el incremento del uso de energías renovables y de una movilidad sostenible”.

“Está previsto que en el período 2021-2023 se movilice un total de 4.315 millones de euros para inversiones relacionadas con la transformación de las administraciones públicas”

La modernización de las administraciones públicas persiguen “una mejora de la estructura organizativa como de la reforma normativa que es necesaria. Y hay tres ejes fundamentales. El primero, referido a la modernización de la Administración General del Estado, tiene como objetivo poner en marcha procesos de transformación de carácter transversal para abordar la mejora de los servicios públicos desde el punto de vista de la ciudadanía, incluyendo medidas que faciliten la usabilidad y mejoren la calidad de los servicios prestados. El segundo eje, son proyectos de alto valor por el impacto que tienen en los ciudadanos por la prestación de servicios, como son el caso de la Sanidad, la transformación digital de la administración de Justicia, la transformación digital del empleo, y la digitalización en el ámbito de la inclusión, Seguridad Social e inmigraciones, cuyo objetivo es evolucionar estos servicios públicos, incluyendo la Gerencia de Informática de la Seguridad Social. El tercer eje es el relativo a la transformación del Ministerio de Política Territorial y Función Pública, cuyos esfuerzos se centrarán en la mejora de las iniciativas en el propio departamento, como en Comunidades Autónomas y entidades locales, a través de proyectos que se realizarán coordinadamente con ellos”.

 

Un plan con varias fases y diferentes entidades

En palabras de Juan José Torres, “llevamos trabajando bastantes meses en el desarrollo de estos proyectos y en el Plan de Digitalización de las Administraciones Públicas. Son proyectos ambiciosos y en la primera fase se han determinado los objetivos, ahora estamos a la espera de la aprobación por parte de Bruselas, y estamos preparando las licitaciones y contratos públicos que van a aterrizar y materializar estos proyectos, así como en las reformas necesarias”.

Además de los plazos, estos planes involucran a muchas entidades, “los planes son complejos, pero de la gobernanza se encarga ya el Real Decreto Ley 36/2020, que se aprobó para facilitar el modelo de gobernanza y la ejecución y desarrollo del Plan de Recuperación.