Propuestas de mejora para la flexibilización de la contratación de servicios TIC en el Sector Público

Explicaba Elena Hernáez en el Foro IT User: Nuevos impulsos para la evolución de la Administración digital que “se trata de un reto muy importante que va a traer muchos quebraderos de cabeza a todos los implicados. Este Plan es un desafío, pero debemos afrontarlo desde el punto de vista de la oportunidad, no solo de recuperación, sino de establecimiento de nuevas formas de funcionamiento”.

 

Oportunidades y hándicaps

La llegada de los fondos europeos abre la puerta, entonces, a grandes oportunidades, pero plantea “una serie de hándicaps, especialmente en lo relacionado con la compra pública. Primero, que estos fondos deben aplicarse en un período corto de tiempo, algo que parece incompatible con los procesos largos y complejos de cualquier compra pública. En segundo lugar, el acceso a los fondos está sujeto a una condicionalidad, tanto desde el punto de vista macroeconómico como desde el punto de vista del proyecto concreto. El tercero es la complejidad de las materias a las que nos enfrentamos, porque las posibles líneas de acción son complejas en diferentes materias. Y, por último, el proceso de certificación, que es también complejo, y, como ejemplo, España solo logró certificar en 2019 el 39% de los proyectos presentados”.

Elena Hernáez Salguero, Vocal Letrada de la Comisión Jurídica asesora de la Comunidad de Madrid, en un momento de su intervención. Si quieres verla completa, clica en la imagen.

 

Partiendo de la realidad, lo mejor es buscar los puntos de mejora que podemos encontrar. En este caso, “tenemos la falta de capacidad de gestión de los centros encargados de licitar y ejecutar los proyectos en muchas ocasiones, la falta de profesionalización y complejidad de la normativa de compra pública, algo que se viene poniendo de relieve desde hace bastante tiempo. Si a la falta de capacidades añadimos la complejidad de algunas nuevas tecnologías, hay que profundizar en la profesionalización de la compra pública”. Otro de los problemas es “la falta de costumbre de compras colaborativas, que permitiría captar más fondos con menos gestión, lo que haría una compra pública más eficiente. España tiene menos de un 10% en esta tipología de compra, algo que no ha evolucionado en los últimos años”.

Por último, “podemos hablar de la falta de explotación de las posibilidades de colaboración con el sector privado. No solo se trata de flexibilizar procedimientos o de buscar la colaboración con el sector privado, sino de usar otras fórmulas que ya existen en nuestro ordenamiento jurídico y debemos aplicar”.

Las fórmulas concesionales permiten apalancar la inversión, ofrecer neutralidad desde la perspectiva de la consolidación fiscal, permite formas de pago diferentes, y abren la puerta a la subcontratación, pero, en cambio, la tramitación es compleja o el reparto de riesgos adecuado en negocios no habituales”. Otra fórmula de adecuación a estas necesidades son los PERTES, pero la propia norma ya adelanta que será necesario “un adecuado marco normativo. No es en sí un modelo de colaboración público-privada, sino que permite articular estos modelos de colaboración”. La solución, por tanto, está en “las sociedades de economía mixta, con un 51% de capital público, que permiten la adjudicación directa de los contratos de concesión, o los consorcios entre instituciones públicas y privadas, una fórmula que permite la creación de una figura jurídica en la que participen instituciones de naturaleza pública y privada, y se ha flexibilizado para el acceso concreto a estos fondos Next-GenerationEU”.