Convención de las Naciones Unidas contra la Ciberdelincuencia
- TECNOLOGÍAS
Un marco legal internacional sin precedentes para enfrentar los delitos digitales, facilitar el intercambio transfronterizo de pruebas electrónicas y garantizar que la cooperación entre países respete los derechos humanos y las libertades fundamentales.
La nueva Convención de las Naciones Unidas contra la Ciberdelincuencia es un tratado internacional que establece normas comunes para mejorar la cooperación entre países en la lucha contra los delitos informáticos. También promueve el intercambio de pruebas electrónicas con fines de investigación o procesos penales.
Tipificación penal armonizada
Uno de los pilares de esta Convención es la armonización jurídica entre los países firmantes. Esto implica que todos los Estados se comprometen a tipificar en su legislación nacional ciertos delitos cibernéticos, como el fraude informático o la interceptación ilegal de datos.
Además, la Convención promueve la penalización de delitos relacionados con el abuso sexual infantil en línea, el acoso sexual digital y la difusión no consentida de imágenes íntimas. Aunque estos delitos ya están contemplados en la legislación de la UE, la iniciativa busca extender su reconocimiento y sanción a nivel global.
Cooperación internacional reforzada
Los países que firmen la Convención se comprometen a colaborar activamente en la investigación y enjuiciamiento de los delitos recogidos en el tratado. Esto incluye tanto ciberdelitos como otros delitos graves —como la delincuencia organizada transnacional— siempre que estén sancionados con al menos cuatro años de prisión.
La cooperación contempla especialmente el intercambio de pruebas electrónicas, fundamentales en las investigaciones penales modernas.
Protección de derechos humanos y datos personales
La Convención incorpora garantías clave para la protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales. Se excluye expresamente cualquier interpretación que pueda justificar abusos, incluyendo restricciones indebidas a la libertad de expresión, religión, reunión o asociación.
Además, las solicitudes de cooperación podrán ser rechazadas si se considera que podrían facilitar violaciones de derechos humanos, tienen motivaciones políticas o contravienen la legislación nacional del país requerido.
Próximos pasos hacia su entrada en vigor
La Convención se abrirá a la firma el 25 de octubre de 2025 y permanecerá disponible hasta el 31 de diciembre de 2026. Entrará en vigor 90 días después del depósito del cuadragésimo instrumento de ratificación, aceptación o adhesión.
Por su parte, la UE priorizará la adopción de una decisión del Consejo que permita su participación formal en la Convención, una vez cuente con la aprobación del Parlamento Europeo.
Contexto y justificación
La ciberdelincuencia representa una amenaza cada vez mayor para ciudadanos, empresas e instituciones. De acuerdo con un informe de Europol de 2024, los delitos cibernéticos han crecido significativamente en volumen, sofisticación y capacidad de daño.
A su vez, las pruebas electrónicas se han vuelto esenciales en los procesos penales, lo que refuerza la necesidad de un marco legal internacional para garantizar su acceso, validez y uso compartido.
La Convención fue adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en diciembre de 2024. La UE y otras organizaciones regionales podrán firmarla si al menos uno de sus Estados miembros también lo hace.
