Las delegaciones del Gobierno se esfuerzan en tomarle el pulso a la digitalización

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La Covid ha acelerado la transformación digital a nivel mundial. En ese contexto, las AAPP deben hacer un esfuerzo para no quedarse atrás en una evolución sin prededentes.

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La pandemia ha puesto de manifiesto que las delegaciones son un referente clave de la acción del Gobierno en el conjunto del territorio nacional, demostrando una vez más su importante labor de coordinación y apoyo al resto de administraciones.

Como consecuencia de la evolución positiva de la situación y la progresiva vuelta a la normalidad, los servicios que prestan las delegaciones del Gobierno han ido retomando su actividad habitual aprovechando las mejoras organizativas desarrolladas durante la pandemia, como son las relacionadas con la Administración electrónica, tanto en lo que respecta a la relación con los ciudadanos como a la digitalización de los procesos.

El Plan Estratégico Integral para la mejora de los servicios de la AGE en el territorio nacional (aprobado en diciembre de 2020) se configura como la hoja de ruta para los próximos años, y buena parte de las 40 medidas del texto ya están en marcha. Éstas giran en torno a cinco ejes: coordinación, mejora y simplificación de los recursos humanos y organizativos, digitalización, imagen corporativa y planes específicos dirigidos a servicios sensibles, como las Oficinas de Extranjería y los Servicios de Inspección Sanitaria en Frontera.

Ayudas para la modernización y la digitalización de las EELL
En noviembre de este año, la ministra de Política Territorial firmó la convocatoria de subvenciones por importe de 92,77 millones de euros para la transformación digital y la modernización de las entidades locales, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. En el periodo 2021-2023 se destinarán, para lograr este objetivo, un total de 391,4 millones de euros. 

La digitalización de los servicios municipales tiene como consecuencia directa un aumento de la calidad de vida de los ciudadanos, acercándoles los servicios públicos y simplificando los procedimientos. Gracias a la digitalización, se agilizarán trámites, facilitando el acceso a los servicios básicos, y se gestionarán los presupuestos con más eficacia según se abren nuevas posibilidades para fomentar la colaboración entre las administraciones públicas.

La convocatoria de noviembre, que finalizó el 29 de diciembre, está destinada a los municipios con más de 50.000 habitantes, o con una población inferior si son capital de provincia. En 2022 y 2023 se publicarán las siguientes fases de este programa que beneficiará al resto de entidades locales.