Gobiernos y empresas invierten en su defensa digital ante el incremento de amenazas cibernéticas
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Desde Zerod destacan que la ciberseguridad ha pasado de ser un gasto operativo a una prioridad estratégica.
El Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación ha tomado una medida drástica y estratégica al contratar los servicios de una destacada empresa de ciberseguridad, en respuesta a los recientes ataques cibernéticos que han afectado a sus plataformas web. Un movimiento que subraya una tendencia global cada vez más marcada: la creciente preocupación por la seguridad digital está impulsando a Gobiernos y empresas a reforzar sus defensas ante la sofisticación de las amenazas en el ciberespacio.
[Interfaz de usuario gráfica Descripción generada automáticamente] En los últimos meses se han registrado incidentes que han comprometido temporalmente la operatividad de la Dirección General de Tráfico (DGT), del Hospital Clínic de Barcelona, del Banco Santander, el de los registros médicos de la Guardia Civil, Iberdrola o Decathlon, o los ya sonados ataques a de Telefónica, BBVA, la Seguridad Social o la Universidad de Barcelona.
“Los ataques de ransomware, el espionaje cibernético y la filtración de información sensible se han convertido en riesgos cotidianos tanto para el sector público como para el privado. Ante esta situación, la ciberseguridad ha pasado de ser un gasto operativo a una prioridad estratégica”, explica Víctor Ronco, CEO de Zerod, el primer marketplace de ethical hackers del mundo para empresas. Este experto advierte que “los grandes ciberataques que han afectado a empresas e instituciones españolas e internacionales recientemente demuestran que estos incidentes pueden volver a producirse e, incluso, escalar a niveles aún más graves en el futuro”.
El impacto en gobiernos
La decisión adoptada por el Ministerio de Exteriores no ha sido una excepción. A nivel global, tanto instituciones públicas como empresas privadas están destinando mayores recursos a la protección de sus sistemas digitales. Según Zerod, “la transformación digital, acelerada por la pandemia, ha abierto nuevas brechas de seguridad que los ciberdelincuentes no han tardado en explotar”.
El coste de los ciberataques es cada vez mayor. Informes recientes indican que el impacto financiero del cibercrimen a nivel global podría alcanzar los 10.500 millones de dólares anuales para 2025, lo que ha llevado a muchas organizaciones a repensar sus estrategias de ciberseguridad. “Las filtraciones de datos, además de tener consecuencias económicas, afectan la reputación de las organizaciones y minan la confianza del público”, matiza Víctor Ronco.
Por su parte, los Gobiernos se enfrentan a retos aún mayores. La dependencia de las tecnologías digitales para la prestación de servicios públicos, junto con la creciente actividad de actores maliciosos patrocinados por estados, ha hecho que la ciberseguridad sea un asunto prioritario en las agendas políticas. En este contexto, para Zerod, “la reciente decisión del Ministerio de Exteriores es solo una de muchas iniciativas gubernamentales orientadas a blindar sus infraestructuras críticas”.
El futuro de la ciberseguridad
El aumento de las amenazas cibernéticas ha llevado a una mayor colaboración entre los sectores público y privado para crear estrategias robustas de defensa digital. En este sentido, el CEO del primer marketplace de ethical hackers del mundo asegura que “las empresas de ciberseguridad están proporcionando soluciones innovadoras, desde el monitoreo constante de redes hasta la detección de vulnerabilidades y la capacitación del personal en prácticas seguras, poniendo especial foco en la ciberseguridad ofensiva que ayuda a prevenir los ataques”.
El reciente ataque sufrido por el Ministerio de Exteriores pone de manifiesto que nadie está exento de los riesgos cibernéticos. La respuesta rápida y contundente al contratar a expertos en ciberseguridad refleja una tendencia clara en todo el mundo: en un entorno cada vez más digitalizado, la ciberseguridad no es un lujo, sino una necesidad crítica. Víctor Ronco mantiene que “los Gobiernos y las empresas que deseen proteger su información y mantener la confianza de sus ciudadanos y clientes deberán continuar invirtiendo en esta área clave”.