La UE agiliza la gestión de casos transfronterizos de protección de datos

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Las medidas armonizan procedimientos, refuerzan los derechos de los denunciantes y reducen plazos para mejorar la aplicación del RGPD en toda la Unión.

Las nuevas medidas adoptadas por la Unión Europea agilizarán los procedimientos administrativos relacionados, entre otros aspectos, con los derechos de los denunciantes y la admisibilidad de los casos, haciendo más eficiente la aplicación del Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) en situaciones transfronterizas.

Principales novedades

Admisibilidad:
Se armonizan los requisitos para determinar si una denuncia transfronteriza debe investigarse. A partir de ahora, la admisibilidad se evaluará con los mismos criterios en cualquier país de la UE, utilizando la misma información básica.

Derechos de denunciantes y partes investigadas:
Se establecen normas comunes para garantizar la participación del denunciante en el procedimiento y el derecho de las empresas u organizaciones investigadas a ser oídas. También se fija el derecho a recibir conclusiones preliminares y aportar observaciones antes de la resolución final.

Procedimiento de cooperación simplificado:
En los casos más sencillos, las autoridades de protección de datos podrán cerrar una denuncia sin aplicar el conjunto completo de normas de cooperación, reduciendo cargas administrativas.

Plazos:
Las investigaciones deberán resolverse en un máximo de 15 meses. En casos especialmente complejos, este plazo podrá ampliarse 12 meses adicionales. En procedimientos simplificados de cooperación entre autoridades nacionales, el límite será de 12 meses.

 

Próximos pasos

La adopción del reglamento por el Consejo constituye el último paso legislativo. La norma entrará en vigor 20 días después de su publicación en el Diario Oficial de la UE y será aplicable 15 meses más tarde.

 

Contexto

El RGPD establece un sistema de cooperación entre las autoridades nacionales de protección de datos, obligadas a coordinarse cuando un caso implica tratamiento transfronterizo. Esto ocurre, por ejemplo, cuando el denunciante reside en un Estado miembro diferente al de la empresa investigada. En este tipo de casos, una autoridad nacional actúa como autoridad principal, pero debe trabajar conjuntamente con sus homólogas en el resto de la Unión.