Inmediación digital: justicia, movilidad y cohesión social

Recomendados:  Subvenciones para la modernización de tu ayuntamiento: aspectos clave Webinar Transformación digital y modernización de las administraciones de las entidades locales Leer

¿Puede la Justicia digitalizarse hasta el punto de que las comparecencias sean telemáticas, de forma similar a como ya ocurre con las consultas médicas de la eSalud? La respuesta es sí. De hecho, este hito, que traerá a buen seguro un importante cambio de paradigma, tiene un nombre: inmediación digital.

Los proyectos surgidos bajo esta definición son "únicos en el mundo", según aseguró ayer la ministra de Justicia, Pilar Llop, en una sesión informativa organizada por su gabinete. Allí también quiso recordar que "la transformación digital no es un fin en sí mismo", sino "un medio para mejorar la vida de las personas que va a mejorar la prestación del Servicio Público". 

Este paso adelante para la sociedad española proviene de una alianza entre el Ministerio de Justicia, la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial (SEDIA) y la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT), a través de la cual se han desarrollado un conjunto de procedimientos técnicos y organizativos, así como herramientas asociadas a los mismos, para dar seguridad jurídica en la inmediación digital y los servicios no presenciales. El objetivo último es aportar confianza a los ciudadanos y profesionales del sector en su relación con la Administración.

Así, por ejemplo, el Ministerio de Justicia ha integrado el sistema Cl@ve de la AEAT con el fin de desarrollar su propia aplicación, a la que han llamado ClaveJusticia, que actúa como interfaz para que el funcionario de la Administración pueda identificar con seguridad a las personas que participan en actos a distancia. Para el resto de actuaciones procesales, más allá de las vistas, se ha implementado la herramienta EVID, que securiza la identificación de la persona usuaria del servicio público. 

El proyecto, por tanto, ya es una realidad, hasta el punto de que, actualmente, se están realizando algunas actuaciones judiciales mediante inmediación digital, como información general personalizada, apoderamientos apud acta, ratificaciones de mutuo acuerdo en materia de divorcio o separación, o juntas de herederos. 

Una serie de acciones mundanas agilizadas gracias a la digitalización, como recordó Llop: "Este proceso busca mejorar la vida de las personas, al no tener que desplazarse para realizar actuaciones judiciales, reduciendo gastos económicos y tiempo, especialmente aquellas que viven en lugares con una baja densidad de población y cuyo desplazamiento es especialmente costoso. También va a impactar positivamente en el medio ambiente".

Y es que, la movilidad y sus implicaciones, políticas, sociales y económicas, es otra de las grandes razones de ser de este proyecto. "Vamos a cuidar a las personas con dificultades para facilitar su acceso a estos instrumentos desde las Oficinas de Justicia en los municipios y la Oficina Judicial, o las Gerencias Territoriales del Ministerio de Justicia. Las personas mayores o las personas con alguna discapacidad estarán debidamente atendidas para no dejar a nadie atrás", aseguró la ministra.

Fondos para innovar 
En la rueda de prensa, el secretario general para la Innovación y Calidad del Servicio Público de Justicia, Manuel Olmedo, se refirió a la inmediación digital como un magnífico ejemplo de las posibilidades brindadas por los Fondos Europeos de Recuperación, Transformación y Resiliencia, que "nos permiten contar con tecnología innovadora y emprender cambios organizativos e, incluso, culturales hacia una digitalización útil e inteligente que redunde en la ciudadanía, e incremente la competitividad del país".

Olmedo destacó el "salto cualitativo" que en este proceso de transformación digital van a suponer las tres leyes –de eficiencia procesal, organizativa y digital- que está llevando a cabo el Ministerio de Justicia, aportando una base legal común. "La inmediación digital es un proyecto enmarcado en el plan Justicia 2030, que cuenta con un presupuesto, ya ejecutado de tres millones de euros, y aprobado por unanimidad por las CCAA. Creo que estamos en el buen camino para aportar calidad e innovación en el servicio público de Justicia de forma coordinada y compartida", sostuvo.

Por su parte, el director general de Transformación Digital de la Administración de Justicia, Aitor Cubo, ahondó en los beneficios que supone la inmediación digital en las políticas contra la despoblación, al posibilitar el teletrabajo de funcionarios y la atención a la ciudadanía desde cualquier lugar. Asimismo, favorece la universalidad del servicio, ya que permite el uso desde cualquier dispositivo sin necesidad de un software específico. "Se trata de una medida que, en definitiva, acerca la Administración de Justicia al ciudadano, con una atención personalizada para cada trámite", aseguró.

Cubo también quiso destacar "la vertiente social de este proyecto, al permitir, por ejemplo, la declaración de las víctimas en entornos seguros", y "los beneficios claros en la lucha contra la brecha de género". Mientars que el subdirector general de Desarrollo e Implantación de Servicios Digitales, Javier Hernández, puso en valor “las garantías de autenticidad, confidencialidad, integridad, disponibilidad y trazabilidad exhaustiva" que permite este sistema que trabaja desde la nube.

Ejemplos prácticos
En la sesión informativa, además participaron otros agentes de las administraciones públicas y del sector para explicar sus experiencias en la implementación del proyecto.

Así, Miguel Ángel Soler, secretario coordinador del Tribunal Superior de Justicia de Murcia, recordó las 183 actuaciones de inmediación que su comunidad llevó a cabo hasta finales de 2021. En ellas, "se ha impedido el desplazamiento de 350 personas, que son las que han intervenido en estas actuaciones, con los consiguientes ahorros que esto implica".

Miguel Hermosa, abogado del Ilustre Colegio de Abogados de Palencia, subrayó el valor de la inmediación en ahorro de tiempo, "pasando a 5-10 minutos para hacer un proceso de aceptación de cargo de perito que antes implicaba un desplazamiento de varios cientos de kilómetros". 

Por su parte, desde la Consejería de Justicia de Asturias, se enfatizó que, además de la agilización de los procedimientos, existe un plan alternativo para quienes no cuenten con las herramientas digitales que se requieren. "Elimina brechas digitales, pero también de otro tipo, al poner el foco en las personas vulnerables", se afirmó al respecto.