Inteligencia Artificial y robótica para una Justicia española disruptiva

El Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, y la organización AMETIC, celebraron ayer un evento sobre Robotización e Inteligencia Artificial aplicadas a la Justicia. El acto, presentado por Aitor Cubo, Director general de Transformación Digital de la Administración de Justicia, y clausurado por la ministra de Justicia, Pilar Llop, tuvo dos mesas redondas que giraron alrededor de la Inteligencia Artificial (IA) desde el servicio público y la Robotización y su impacto social.

 

Cubo comenzó recordando la importancia de las citadas tendencias tecnológicas a la hora de formular “una complementariedad entre la innovación, el servicio público, el respeto de los derechos fundamentales y algo tan fundamental en el Estado de Derecho como es la Justicia”. En ese sentido, aprovechó para agradecer a las Comunidades Autónomas “la ilusión que están poniendo en este proyecto de país”, así como a la Administración del Estado.

 

En esta introducción, el Director general no dejó de destacar la importancia de la cogobernanza en el ámbito de la transformación: “La colaboración entre el Ministerio de Justicia y el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital es un ejemplo de cómo juntos podemos avanzar mucho más para obtener resultados, como ha ocurrido recientemente con en el Poder Judicial gracias a los avances en Inteligencia Artificial y protección de datos, lo que coloca a la Justicia como un referente de innovación y servicio público”.

 

Estos proyectos compartidos suponen la posibilidad de “avanzar con un mínimo riesgo y máximo beneficio si se usan correctamente los datos de Justicia” que, en palabras de Cubo, “son aún mejores que los de Economía al ser más variados”. “En Justicia hay datos penales, datos sociales, datos mercantiles… lo que permite una gran mejoría en el uso de estas tecnologías. Es por ello que siempre insistiré en la importancia de la colaboración entre Consejo, Fiscalía y Comunidades Autónomas, que ya alimentan el proyecto de Lago de Datos de la Justicia”.

 

Hecha la introducción, el evento se desplazó a una primera mesa dedicada a la Inteligencia Artificial. La charla fue moderada por Juan Jesús Torres Carbonell, Secretario General de Administración Digital, quien también quiso hacer un pequeño resumen sobre la necesidad de las “tecnologías habilitadoras digitales, caracterizadas por su alto impacto y capacidad de disrupción, por su naturaleza estratégica para el desarrollo digital de la economía y la sociedad”. “Tecnologías como IA o Big Data nos llevan a una Administración Pública dirigida por los datos en la que la digitalización de los servicios para la ciudadanía es un elemento clave. En particular, la Inteligencia Artificial, que tiene un mayor potencial e impacto en todas las áreas de actividad, más allá de suponer un motor de innovación y un importante actor de generación de empleo de calidad”, adujo.

 

 

Carbonell explicó cómo “la estrategia nacional de IA cuenta con 6 ejes estratégicos, entre los que se incluye impulsar su uso en la Administración Pública y el establecimiento de un marco ético-normativo que garantice la protección de los derechos individuales y colectivos, con el bienestar social y la sostenibilidad como ejes vertebradores”. “Hoy en día, no es suficiente con que los servicios públicos sean accesibles por línea. También tienen que ser fáciles de usar y estar adaptados a las necesidades de cada persona. Hay que apostar por un marco que facilite el fomento de la digitalización inteligente de la Administración, pues será clave para mantener el ritmo de la evolución exigida por la población de la sociedad digital”.

 

La introducción tuvo su continuación en la intervención de Enrique Serrano, Presidente de la Comisión de Inteligencia Artificial de AMETIC, centrada en la Justicia y su facilidad para trabajar los datos. “Es un ámbito en el que se dan las circunstancias ideales para que la Inteligencia Artificial se nutra de información. Esa gran analítica te puede dar una foto de situación de cómo estamos y, además, viene muy bien para equilibrar sesgos que los humanos siempre tenemos a la hora de tomar decisiones, según se multiplican nuestras posibilidades en tiempo récord. Es pues, una palanca para acelerar procesos”.

 

“Desde el punto de vista de la Justicia hay dos objetivos primordiales: impartir justicia y hacerlo a tiempo. Para lo segundo, esta tecnología nos da una gran ventaja que ayudará al ciudadano, pues todos los procesos son digitalizables y, por tanto, se pueden transformar en datos. A partir de ahí, todo es susceptible de ser mejorado para ayudar en el comportamiento de las personas, para organizarnos mejor y para el desarrollo mismo de la tecnología, ya que el objetivo que se pretende con este tipo de tendencias es acertar, algo primordial en la Justicia. En ese sentido, esta tecnología es futuro. Nos permite predecir las opciones a un escenario y esto, desde el punto de vista de la resolución de conflictos, ayuda mucho”, expuso.

 

La teoría suena bien pero, ¿y en la práctica? ¿De qué manera logra IA anticiparse al porvenir? Enrique Serrano lo explicó así: “Hay una serie de palancas fundamentales. Todo lo que tiene que ver con procesamiento de lenguaje ha avanzado muchísimo. Hay algoritmos que ayudan a generar documentos con unos grados de precisión directamente proporcionales a la cantidad y la calidad de los datos a los que se puede acceder. También todo lo que tiene que ver con el tratamiento de imágenes. Cualquier dato se puede procesar y analizar, sea estructurado o no. Así se mejora la eficiencia en los procesos, y también se acelera, se populariza y, además, se democratiza la toma de decisiones al dotar de más poder a las personas a la hora de elegir”.

 

Merce Mariño, miembro del Grupo de Trabajo Digitalización del Servicio Público de la Justicia AMETIC y Solution Architect Manager en AWS, inició su intervención desde esa misma idea de democratización, aunque asociada a la nube. La ponente subrayó “la posibilidad que hoy tiene cualquier empresa para acceder a información sin necesidad de tener un grupo de IT muy especializado”, lo que facilita el desarrollo de aplicaciones con IA. 

 

Una ventaja que, aplicada a Justicia, permite avances como el reconocimiento facial y el procesamiento de datos, "dos de las tecnologías más útiles en el ámbito, pues pueden procesar fácilmente documentación, así como comprobar identidades, algo que ya ocurre en la lucha contra el tráfico de personas en EEUU”.

 

Como contrapunto a la opinión de estos dos profesionales de la tecnología, la organización escogió como tercer invitado a Antonio del Moral García, Magistrado del Tribunal Supremo, quien definió las que, a su entender, son las tres grandes áreas para el uso de la Inteligencia Artificial. Tres ámbitos que van encontrando, gradualmente, objeciones morales.

 

1. La tramitación. “Aquí hay carta blanca para facilitar cualquier gestión. Por ejemplo, una tarde entera de cálculos de datos se realiza hoy en medio minuto gracias a la automatización”.

2. La investigación. “La cuestión se vuelve en este apartado más delicada, pues IA aporta métodos de investigación, pero hay que tener más pies de plomo por toda la cuestión de los derechos fundamentales del ciudadano”.

3. Decisión judicial. “El deseo de hacer justicia no se consigue con la Inteligencia Artificial. La tencología utiliza mucha cantidad de datos para acercarse a la realidad, pero siempre le faltará ese algo que nos hace hombres”. 

 

Y es que, para el Magistrado, la diferencia entre un humano y un algoritmo se cifra en que “nosotros somos más conscientes de nuestros sesgos”. “Una Justicia basada sólo en IA genera un deslumbramiento iluso: el de la imposibilidad de equivocarse. El juez no puede abandonarse a ese deslumbramiento. Los datos y su análisis están muy bien para ayudar al hombre, pero la Justicia no es sólo una cuestión de datos y la tecnología no es capaz de hacer ningún razonamiento judicial”, aclaró.

 

Una vez acabada la charla en torno a la Inteligencia Artificial, la robotización en la Justicia, también orientada hacia el impacto social, tomó el protagonismo. Estuvo moderada por Manuel Olmedo, Secretario General para la Innovación y Calidad del Servicio Público de Justicia, quien explicó que “la mesa está dedicada a la robotización para destacar cómo las herramientas digitales pueden suponer una clara mejora para los servicios públicos. La transformación digital es una realidad de la que no podemos ausentarnos, y debemos aprovecharla para mejorar la Justicia”.

 

La primera intervención corrió a cargo de Aránzazu Indurria Jiménez, Jefa del Departamento de Registros de Apoyo a la Actividad Judicial, que puso el foco en la capacidad que tiene la robotización para liberar al funcionariado de trabajos repetitivos, con lo que puede dedicar ese tiempo a actividades de mayor valor. “En 2013, el sistema propuso ejecutorias a cancelar de oficio. Este sistema era revisado por los funcionarios y se vio que las propuestas que hacía la máquina no fallaban. Más tarde, cuando tuvimos que confinarnos, nos propusimos aplicar esa experiencia de 9 años sin fallo, y apostamos por un robot capaz de hacer las funciones que al funcionario le resultan tan tediosas. Así, en marzo del 2021 logramos un hito: cancelar 140.000 causas de oficio en un mes”, comentó.

 

Aquel robot fue usado a lo largo de 2021. Luego se pasó a un proceso de automatización de la cancelación de oficio que logró que el año pasado se cancelaran 242.000 ejecutorias, lo que impactó en unas 230.000 personas que, de repente, vieron limpia su situación penal. Porque, como recordó la ponente, “se trata también de que la tecnología nos haga mejores, que ayude a la gente excluida a su reinserción”.

 

 

De modo que, a las 7.000 horas de trabajo ahorradas, “que han permitido que se distribuyan las tareas de los funcionarios, disminuyan las cargas de trabajo o se haya dotado a los funcionarios de funciones de mayor calidad a la hora de atender el servicio público”, se suma la acción social, que se verá beneficiada este 2022 por la creación de “un nuevo algoritmo que amplía nuevas penas y que impactará entre unas 20.000 personas con antecedentes personales”. Una mirada integradora a la robotización que también será aplicada al registro central de menores, lo que “supone 1.500 inscripciones que tendrán efecto sobre unas 900 personas al mes”.

 

Acabada esta intervención, pocas dudas quedaban acerca de la utilidad de la modernización de la Justicia para nuestro bienestar. Por si acaso, Miguel Ángel de la Pisa, Coordinador Grupo de Trabajo Digitalización del SP de Justicia AMETIC, se encargó de recordar que ése ha sido el cometido de una inversión que ya dura casi 40 años. “El anteproyecto de ley de eficiencia digital no es nuevo. Siempre ha sido un aspecto clave para el Ministerio, porque siempre consideramos que es un instrumento necesario para evolucionar. Ahora, gracias a la robotización, buscamos una mayor eficiencia, un mejor aprovechamiento de los recursos que puedan humanizar la Justicia”. 

 

Se trata, pues, de que el ciudadano perciba la Justicia como algo cercano. Todo un reto cada día más factible, como argumentó el ponente: "Yo ahora me puedo conectar a una sede judicial y presentar escritos iniciadores en aquellos procedimientos que no requieren representación. Lo puedo hacer en cualquier momento. De modo que la robotización no sólo ayuda en procesos masivos, sino también en estos pequeños servicios sostenibles y continuados que pueden funcionar 24/7 sin necesidad de personal”. 

 

“Simplificamos la vida al ciudadano, que no tiene que desplazarse, mediante cosas como las personaciones biométricas. Por ejemplo, uno puede ir a cualquier sede judicial y acercarse a un quiosco que te reconozca la cara para que no tengas que ir a un juzgado a ninguna hora. Es más, nos planteamos, pensando ya en el futuro, en la creación de asistentes virtuales en los juzgados para asistirte en la sede. Incluso antes de salir de casa, pues le habrás podido decir cuál es tu caso y a qué hora estarás en el juzgado”, remató. 

 

La mesa concluyó con la intervención de Rosa Rodríguez, miembro del Gurpo de Trabajo digitalización del SP de la Justicia Ametic, para la que “la robotización es, simplemente, utilizar un agente de software que repite lo que una persona estaría haciendo. Interactúa con las aplicaciones que existen y ejecuta una tarea. Todo lo que sea automatizar tareas en la Justicia revierte en una aceleración del proceso judicial que afectará a la ciudadanía en cuanto a la calidad del servicio y la reducción de tiempos”.

 

La ponente recordó cómo “durante la pandemia hubo cientos de miles de reclamaciones de repente” y cómo era “inviable manejarlo manualmente”. Un ejemplo impecable de la gran ayuda que los robots suponen para el funcionario. Como el caso de los monitorios, que suponen "más de 100.000 expedientes al año que hoy se puede tramitar sin intervención alguna, con el consecuente ahorro de tiempo y la ventaja de la inmediatez en la respuesta”.

 

Pero los funcionarios, como ya se comentó, no son los únicos beneficiados. También hay premio para la ciudadanía. Un excelente ejemplo lo tenemos en los desahucios, donde la máquina avisa de forma automática a los servicios sociales para que estos busquen una solución rápida para las personas afectadas. "Un trabajo que antes realizaba un juez que necesitaba escribir un documento durante un tiempo vital para los afectados".

 

Rosa Rodríguez quiso añadir un último caso: el de las tutelas testamentarias, donde “la solicitud ya no requiere un funcionario, sino que es el propio sistema el que devuelve el expediente electrónico correspondiente al informe final”. “Este proyecto ha reducido en un mes el tiempo de cada gestión, y ha permitido ahorrar más de 3.000 horas de trabajo y más de 15.000 hojas impresas. El impacto, como vemos, es muy importante, por lo que la incorporación de una forma normalizada de la robotización en la Justicia es fundamental, especialmente en la tramitación”, concluyó.

 

El evento lo clausuraron el Presidente de AMETIC, Pedro Mier, y la ministra de Justicia, Pilar Llop. El primero simplemente agradeció las intervenciones de los participantes y recordó que “la digitalización de la Administración es un tema importantísimo que, con mucho acierto, el Gobierno ha situado como uno de los focos principales del proceso de transformación en el que estamos inmersos”. Llop, mientras, sí se extendió para explicar cómo “la robotización y la Inteligencia Artificial son fundamentales en el Ministerio para lograr el objetivo de tener un sistema público y universal de justicia que sea ágil, eficiente, sostenible e igualitario, y también cohesionador, tanto social como territorialmente”.

 

“Las nuevas tecnologías ofrecen en este sentido innumerables posibilidades. Nuestra obligación es aprovecharlas para que nuestro servicio público de justicia sea modélico, competitivo, de referencia, y que contribuya a aumentar nuestra competitividad como país. Aquí es fundamental la cogobernanza. Ese diálogo con las distintas administraciones territoriales, pero también con las distintas instituciones. En nuestro ámbito, con el Consejo General del Poder Judicial, con la Fiscalía General del Estado, con los colegios profesionales y también con el sector privado”, expuso. 

 

Estos diálogos ya están dando sus frutos gracias a los fondos europeos. Buena muestra de ello son proyectos como la Mediación Digital, los servicios públicos no presenciales, la Clave Justicia y el escritorio virtual de interacción digital, “que permiten desarrollar actuaciones procesales de forma telemática, algo imposible hace 20 años. De hecho, los logros son tales que es como si hubiéramos pasado del siglo XIX al XXI, sin pasar por el XX”.

 

 

Llop no habló en vano, pues, como ella misma se encargó de recordar, “el servicio de cita previa para órganos judiciales y oficinas del registro civil ha gestionado más de 355.000 citas previas desde enero de 2021 hasta la actualidad”. Aparte, el uso de IA en los sistemas de la Administración de Justicia, como la textualización automática de las grabaciones, ha permitido transcribir ya más de 287.000 grabaciones desde esa misma fecha. 

 

De nuevo, buenas noticias para el funcionariado que redundan de forma automática en el pueblo. Quizás por eso quiso Pilar Llop cerrar el evento volviendo a la cuestión social: “Necesitamos un marco ético y de derechos humanos donde entren todas las perspectivas posibles para el desarrollo de los algoritmos. Todo entra en el anteproyecto de ley de eficiencia digital, que insiste en un reparto de fondos para las comunidades con el objetivo de favorecer la cohesión social y territorial. También, la inteligencia prospectiva y la analítica de datos la estamos orientando a estudios de delitos sexuales, materia concursal o la violencia de género. En definitiva, creemos que la Justicia va a ser el motor de cambio de este país. El motor de una digitalización que refuerza la competitividad de España y crea empleo con un alto valor añadido. Sí, nosotros ya estamos en marcha en una transformación digital que, señores y señoras, es imparable”.