Entra en vigor la Ley europea de Gobernanza de Datos

La Ley de Gobernanza de Datos aborda varios aspectos de la gestión de datos, incluido el acceso, el intercambio y la monetización, al tiempo que prioriza la privacidad y seguridad de los datos, buscando aumentar los flujos de datos, mejorando la reutilización de datos del sector público que no pueden estar disponibles como datos abiertos.

El objetivo de la ley -que entró en vigor el 24 de septiembre- es crear un entorno seguro para compartir datos entre los Estados de la UE y diferentes sectores públicos y privados en beneficio de los ciudadanos, la sociedad y la economía.

También permitirá que los nuevos intermediarios de datos actúen como actores confiables en la economía de datos, siguiendo un proceso simple de registro voluntario como organizaciones de altruismo de datos. Al impulsar la circulación de datos, estas medidas apoyarán el desarrollo de espacios comunes europeos de datos, como la fabricación, el patrimonio cultural, la agricultura y la salud.

Por tanto, se puede afirmar que esta ley funciona como un instrumento intersectorial para regular la reutilización de datos, tanto protegidos como de dominio público. Actualmente se puede extraer gran cantidad de conocimientos de muchos datos sin comprometer su naturaleza protegida, la DGA establece reglas y salvaguardias para facilitar dicha reutilización.

La Junta Europea de Innovación de Datos
Según lo dispuesto en la DGA, la Comisión creará el Consejo Europeo de Innovación de Datos (EDIB) para facilitar el intercambio de mejores prácticas, en particular sobre intermediación de datos, altruismo de datos y el uso de datos públicos que no pueden estar disponibles como datos abiertos, como así como en la priorización de estándares de interoperabilidad intersectoriales.

El marco y los antecedentes a la Ley

La Ley de Gobernanza de Datos se propuso en noviembre de 2020. En febrero de 2022 se adoptó una propuesta de Ley de Datos, la segunda iniciativa legislativa importante en el marco de la estrategia europea para los datos, y se alcanzó un acuerdo político el 28 de junio de 2023. Mientras que la Ley de Gobernanza de Datos crea los procesos y estructuras para facilitar el intercambio de datos, la Ley de Datos aclara quién puede crear valor a partir de los datos y bajo qué condiciones.

El potencial económico y social de los datos es enorme: pueden permitir nuevos productos y servicios basados en tecnologías novedosas, hacer que la producción sea más eficiente y proporcionar herramientas para combatir los desafíos sociales. En el ámbito de la salud, por ejemplo, los datos pueden contribuir a proporcionar una mejor asistencia sanitaria, mejorar los tratamientos personalizados y ayudar a curar enfermedades raras o crónicas. También es un poderoso motor para la innovación y los nuevos puestos de trabajo, y un recurso crítico para las empresas emergentes y las pymes.

Sin embargo, este potencial no se está realizando. El intercambio de datos en la UE sigue siendo limitado debido a una serie de obstáculos (incluida la baja confianza en el intercambio de datos, cuestiones relacionadas con la reutilización de datos del sector público y la recopilación de datos para el bien común, así como obstáculos técnicos).

Para capitalizar realmente este enorme potencial, se deben poner a disposición más datos, compartirlos con confianza y ser técnicamente fáciles de reutilizar.

La Ley de Gobernanza de Datos (DGA) es un instrumento intersectorial que tiene como objetivo hacer que más datos estén disponibles mediante la regulación de la reutilización de datos protegidos o públicos, impulsando el intercambio de datos a través de la regulación de nuevos intermediarios de datos y alentando el intercambio de datos con fines altruistas. Tanto los datos personales como los no personales están en el ámbito de la DGA, y en lo que respecta a los datos personales, se aplica el Reglamento General de Protección de Datos (GDPR). Además del GDPR, las salvaguardas incorporadas aumentarán la confianza en el intercambio y la reutilización de datos, un requisito previo para que haya más datos disponibles en el mercado.