“La robotización nos hará más eficientes en el terreno de las administraciones públicas” (Antonio Ibáñez, director general de Telecomunicaciones y Administración Digital, Junta de Castilla y León)

 

Antonio Ibáñez: En esta nueva legislatura, que empezamos hace algo menos de un año, se creó la Consejería de Movilidad y de Transformación Digital que tiene como objetivo, precisamente, abordar la modernización de nuestra comunidad y su administración. Además, esta digitalización está plenamente alineada con la cohesión social y territorial. 

 

Así, los retos enfrentados desde la Junta de Castilla y León en este campo van enfocados a superar los desafíos de la sociedad actual y, sobre todo, a aprovechar las oportunidades que ofrece la digitalización para mejorar la sociedad y la economía. Un trabajo en el que juegan un papel destacado la llegada de los fondos Next Generation, que han supuesto un importante empujón a muchas políticas de las administraciones públicas y, en particular, la citada digitalización.

 

Y ya en lo tocante a nuestra Consejería, en 2023 vamos a abordar proyectos innovadores. No en vano, en la parte de telecomunicaciones y transformación digital contamos con un presupuesto de 74 millones de euros, que supone un incremento notable respecto al pasado ejercicio.

 

 

 

Antonio Ibáñez: Llevamos desde hace tiempo trabajando con IoT y ahora queremos entrar más en el terreno de la inteligencia artificial. Dentro de la parte más interna, más administrativa, destaca la robotización automática de procesos, que nos va a ayudar a ser mucho más eficientes en el terreno de las administraciones públicas. 

 

 

 

Antonio Ibáñez: Cuando hablamos de mejorar la relación de los ciudadanos con la Administración vía digital tendemos a pensar únicamente en el potencial de tecnologías punteras a la hora de obtener un mejor servicio. Sin embargo, no hemos de olvidar cuestiones esenciales, como la experiencia de usuario y la accesibilidad. En ese sentido, lo que queremos es que los servicios dados durante tanto tiempo desde la Administración de forma presencial sean mejorados gracias a la digitalización. 

 

Tenemos que tener en cuenta que estas nuevas tendencias son, simplemente, una herramienta que debe ser puesta al servicio del ciudadano para que obtenga el mejor trato con nuestra administración. Por eso, nuestro objetivo es que esa relación con la Junta de Castilla y León sea sencilla y ágil, tanto para ciudadanos como para empresas. 

 

 

 

Antonio Ibáñez: Que un ciudadano pueda ver las citadas notificaciones de la Junta de Castilla y León también en la plataforma del Estado supone, evidentemente, otro paso más en la mejora de la experiencia de uso. Se trata de facilitar la relación del ciudadano con las administraciones públicas y en esta línea estamos trabajando.

 

 

 

Antonio Ibáñez: Con todas las comunidades autónomas tenemos relación a través de la comisión sectorial de administración electrónica en los diferentes grupos de trabajo ya conformados. 

 

Ahora bien, además de estas relaciones, nosotros llevamos ciertas iniciativas punteras relacionadas con las competencias digitales, como tuCertiCyl, una certificación de competencias digitales creada por nuestra comunidad que ya se está exportando a otras regiones.

 

Nuestra propuesta de colaboración comenzó a mediados de 2021, inicialmente con la Junta de Andalucía y con la Generalitat Valenciana, y vio, en 2022, las incorporaciones de otros consistorios, como la Xunta de Galicia, el Gobierno de Navarra, la Junta de Extremadura, la Región de Murcia o, más recientemente, la Comunidad de Madrid.

 

Nuestra idea es seguir incorporando nuevos socios, porque este convenio nos permite compartir contenidos informativos, herramientas de autodiagnóstico o herramientas de certificación de capacidades digitales entre comunidades, además de ofrecer ayuda en la estrategia de sensibilización de los ciudadanos. Por tanto, se trata de una experiencia enriquecedora para todos.

 

 

 

Antonio Ibáñez: La Junta de Castilla y León lanzó, en el año 2009, el programa CyL Digital con la idea de dotar de competencias digitales básicas a todos los ciudadanos y reducir la brecha digital. Para ello, contamos con nueve centros CyL Digital, uno en cada capital de provincia, y 78 centros asociados en todo el territorio de Castilla y León. 

 

Esto es un esfuerzo importante, pues nuestro territorio es muy extenso, por lo que precisamos de colaboraciones con entidades locales que tengan sus propios centros de formación digital. A ellos les ayudamos con nuestra experiencia, con la entrega de contenidos formativos, con la formación de formadores y con los esfuerzos para generar dinámicas que permitan que toda la ciudadanía pueda ser educada en estos términos, ya sean personas mayores, autónomos o el personal de una empresa. 

 

Estos trabajos también van dirigidos a los empleados públicos, que no dejan de ser ciudadanos que tienen que estar igualmente formados. De hecho, hace poco adaptamos a los empleados públicos, en colaboración con la Consejería de la Presidencia, nuestra herramienta de autodiagnóstico de competencias digitales. Además, el hecho de que estén certificados en estas competencias les sirve a estos trabajadores para las promociones internas o el acceso a otros puestos de trabajo.

 

 

 

Antonio Ibáñez: La conectividad digital es condición necesaria, pero no suficiente, para digitalizar el territorio. Ahora, tenemos que contar con unas infraestructuras adecuadas para que todos los ciudadanos en Castilla y León tengan igualdad de opciones en lo que es el acceso al mundo digital y a las oportunidades que ofrece. 

 

En este sentido, las operadoras deciden dónde extender la banda ancha, pues es un mercado liberalizado, pero es el Estado quien tiene competencias para apoyar esa extensión en los lugares donde a las operadoras no les resulta rentable hacerlo. Los fondos europeos están sirviendo para impulsar estas medidas. 

 

Nuestra región cuenta con una brecha respecto a otras zonas de España. Según los últimos datos publicados, nos encontramos 20 puntos por debajo de la media nacional, con un 69% de banda ancha de más de 100 Mbps. Por tanto, nuestra labor es presionar al Gobierno para que se cumpla el objetivo de que, a 31 de diciembre del año 2025, el 100% del territorio nacional tenga esa banda ancha fija de 100 Mbps. Eso ayudará a paliar parte de las deficiencias que históricamente ha tenido nuestra Comunidad.

 

 

 

Antonio Ibáñez: Hay que tener en cuenta que en Castilla y León hay 2.248 municipios. Hablamos de la Comunidad más extensa de toda España, donde el reto demográfico es más acusado, tanto por la pirámide de población como por la dispersión de sus habitantes y, sobre todo, por el tamaño de muchos de sus municipios, que son muy pequeños. Por eso, nuestras políticas van muy enfocadas a solventar este reto: a tratar de que la conectividad llegue a todo el territorio para capacitar a los ciudadanos que viven en el medio rural. Es una inquietud que tenemos y en la que estamos trabajando.

 

Respecto a los proyectos, podemos destacar el Territorio Rural Inteligente, que nace con la vocación de sensorizar diferentes servicios públicos que se prestan en el medio rural, en este caso de Castilla y León. Para ello, lo que hacemos es dotar de sensores diversos ámbitos. Actualmente tenemos instalados 1.500 a lo largo y ancho de todo el territorio enfocados a la recogida de residuos, el alumbrado, el aparcamiento, el patrimonio cultural, o el patrimonio natural. También los estamos instalando recientemente en los depósitos de sal y salmuera, que son muy útiles en la campaña invernal en carretera. También hay otros sensores dirigidos a detectar heladas o a controlar la calidad de los depósitos del agua. 

 

Todos ellos redundan en una mejor monitorización de los servicios públicos, de modo que los técnicos de los diferentes municipios y diputaciones ahorran tiempo y esfuerzo. Así, en la recogida de residuos en el medio rural, por ejemplo, el camión de recogida sabe, gracias a estos sensores, cuándo los contenedores tienen un nivel de llenado bajo, de modo que se podrá ahorrar desplazamientos en determinados días. 

 

Este trabajo hace que los servicios públicos se vuelvan más eficientes, pero nada de ello se podría realizar si no hiciésemos una labor mano a mano con las entidades locales. El diálogo con las mismas nos ayuda a saber dónde colocar esos sensores que proporcionan unos datos muy valiosos que luego van a parar a una plataforma única desde la que se realiza la citada monitorización. Un esfuerzo al que vamos a dedicar, en el año 2023, 2,8 millones, y que nos llevará a superar los 2.000 sensores instalados.

 

 

 

Antonio Ibáñez: En nuestra consejería nos encargamos de lo relacionado con la securización de la Administración Digital. Decidimos la política de seguridad a nivel interno y trabajamos con el resto de consejerías para determinar los niveles de seguridad de cada uno de los sistemas de información. Luego aplicamos estas medidas, tanto en la parte de informática (puesto de usuario, servidores) como en las comunicaciones, entre diferentes centros de la Junta y hacia Internet. Todo esto, evidentemente, en colaboración con el CCN.

 

En cuanto al sector empresarial, bueno, es una política que desarrolla la Consejería de Economía y Hacienda, pero sí apoyamos las iniciativas que se llevan a cabo en este sector. En particular, me gustaría destacar un proyecto RETECH consistente en crear nodos de ciberseguridad en diferentes comunidades autónomas para especializarse en determinados segmentos o áreas. La iniciativa de la Junta de Castilla y León obtuvo los citados fondos europeos y cuenta con la participación de Andalucía y el País Vasco, además de la colaboración y la coordinación del INCIBE.

 

Este RETECH tiene un valor de 42,35 millones de euros y una participación de la Junta de Castilla y León de 14,3 millones de euros. Se trata, pues, de un proyecto de una entidad muy importante, liderado por el Instituto para la Competitividad Empresarial de la Consejería de Economía y Hacienda, y centrado en las los ámbitos estratégicos aeroespacial y movilidad. 

 

 

 

Antonio Ibáñez: Esta adhesión al SOC nacional se hace por la parte del SOC de la Junta de Castilla y León, y lo que nos permite es colaborar, más si cabe, con el CCN y otras administraciones compartiendo experiencias. 

 

Los ciberataques están a la orden del día. Esto es importante, pues ninguna administración pública está libre de sufrirlos. Recientemente hemos visto casos, por ejemplo, en el Hospital Clinic de Barcelona. Lo que queremos es formar parte de una comunidad que nos permita compartir la información que nosotros podamos tener y, a la vez, saber qué está sucediendo en otras administraciones para tomar nota y aplicar las medidas correctivas que sean necesarias.

 

 

 

Antonio Ibáñez: La Fundación Centro de Supercomputación, llamada SCAYLE, se constituyó en 2008 y es una fundación adscrita a la administración de la comunidad de Castilla y León y promovida por la Junta de Castilla y León y la Universidad de León. Es un centro de referencia, tanto a nivel regional como nacional, pues es de los pocos centros de supercomputación que existen en todo el territorio, y en él se organizan proyectos totalmente punteros e innovadores que redundan en sectores como el empresarial o el de la investigación.

 

Ahora, ¿qué cuestiones se trabajan en SCAYLE? Pues, por ejemplo, servicios de cálculo intensivo. SCAYLE proporciona a usuarios, tanto científicos como personal de las universidades o las empresas, capacidades de cálculo para múltiples aplicaciones, ya sean predicciones meteorológicas, diseño de vehículos, estudios genéticos, predicción de incendios o actuaciones en inteligencia artificial.  

 

Aparte, a las administraciones públicas les ofrece servidores de almacenamiento virtual, cloud computing, backup, centros de datos virtual… así como su OpenCAYLE, que permite el almacenamiento de información para científicos y centros de I+D+i, lo que ayuda a la reutilización de datos dentro de las universidades públicas de Castilla y León. Una red, llamada RedCAYLE, permite el acceso a internet a través de la red IRIS de las universidades públicas, los centros tecnológicos y los centros científicos de Castilla y León. 

 

Creemos que todos estos avances sirven para fortalecer el tejido empresarial y promover la investigación de alto nivel en áreas relevantes. Al final, la supercomputación no deja de ser una de las tecnologías habilitadoras por las que apuesta la Unión Europea. Nosotros queremos colocarnos en esa línea mediante proyectos como las comunicaciones cuánticas o el desarrollo de un computador cuántico de altas prestaciones. Dos iniciativas totalmente punteras en lo que es el escenario nacional.