El Gobierno presenta la hoja de ruta para una transformación pública eficiente
- SOCIEDAD DIGITAL
El Ejecutivo lanza una ambiciosa estrategia para modernizar la Administración Pública mediante innovación tecnológica, participación ciudadana y servicios proactivos, con el horizonte puesto en 2027.
El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, junto a la secretaria de Estado de Función Pública, Clara Mapelli, ha presentado Consenso por una Administración Abierta, una estrategia que marca un punto de inflexión en la transformación de la Administración española. El objetivo es evolucionar hacia una Administración con altas capacidades, capaz de liderar estándares europeos y mundiales, mejorando las políticas públicas, ofreciendo servicios más proactivos y generando una mayor confianza en la ciudadanía.
Este proyecto representa una transformación estructural orientada a la adaptación tecnológica, especialmente en torno a la Inteligencia Artificial (IA), e impulsada por la innovación organizativa. Entre sus medidas destacan la creación de una plataforma soberana de IA, la cumplimentación proactiva de formularios por parte de la Administración, redes de oficinas ‘todo en uno’, la evolución de Mi Carpeta Ciudadana y una reorganización de trámites basada en hechos vitales.
Una respuesta integral a Europa
Con esta estrategia, España responde a la Comisión Europea y su iniciativa ComPAct con tres líneas de actuación: organizativa, mediante la creación del Ministerio para la Transformación Digital; estratégica, con la presentación de esta hoja de ruta; y normativa, a través de una futura ley para la transformación del Estado.
Participación y consenso
Desde su arranque en marzo de 2024, el proyecto ha sido fruto de un proceso participativo con más de 400 aportaciones de la sociedad civil, sindicatos, empresarios, universidades y otras administraciones. La estrategia se articula en torno a cuatro ejes que engloban 18 proyectos, varios ya en marcha.
Impulso a las capacidades del sector público
Cinco proyectos están dedicados al fortalecimiento del sector público, con una inversión destacada en IA y digitalización. Se prevé la creación del Espacio del Dato y una plataforma de IA soberana con 14 millones de euros de inversión, además de iniciativas para atraer talento, fomentar la formación continua y mejorar las condiciones laborales del personal público.
Políticas públicas basadas en la evidencia
El segundo eje se centra en diseñar políticas públicas informadas con datos y participación científica y ciudadana. Casos como el del Ingreso Mínimo Vital serán ejemplo de esta nueva forma de gobernanza abierta.
Un nuevo modelo de selección pública
El modelo de acceso a la función pública evolucionará hacia un sistema más competitivo, igualitario y formativo, con alianzas entre instituciones educativas europeas y la incorporación de itinerarios formativos medidos en ECTS. Quienes superen el proceso sin obtener plaza podrán obtener títulos de posgrado oficiales, y se garantizará la igualdad de oportunidades con becas y ayudas al estudio.
Servicios públicos proactivos y accesibles
El tercer eje apuesta por una relación más cercana con la ciudadanía, eliminando barreras como la cita previa obligatoria y promoviendo servicios digitales avanzados como la Identidad Digital Europea y formularios precompletados. También se simplificarán trámites como la solicitud del Kit Digital, que ya ha beneficiado a más de 763.000 pymes y autónomos.
Asimismo, se impulsará la cooperación interfronteriza con proyectos piloto como el de las eurociudades hispano-lusas, para desarrollar un modelo común de simplificación administrativa basado en hechos vitales.
Fomento de la confianza y la transparencia
El cuarto eje gira en torno a la transparencia, la rendición de cuentas y la participación ciudadana. Se reforzarán mecanismos como Cumpliendo o el V Plan de Gobierno Abierto, y se continuará implicando a todos los sectores sociales en la elaboración de políticas públicas.
La estrategia estará completamente desplegada en 2027. Su ejecución será revisada semestralmente con mecanismos de evaluación externa a cargo de la OCDE, antes de su presentación ante el Consejo de Ministros.