La Ley obliga a las instituciones a facilitar el acceso de las pymes a contratos públicos

Las pymes suponen el 99,8% del total del tejido empresarial, representando el 64,2% del empleo en nuestro país. Sin embargo, los contratos públicos adjudicados en España a estas pequeñas empresas tan solo fue un 29,45% del total. Tal como señalan desde la firma de soluciones analíticas, DoubleTrade, este ratio es muy bajo. Por ese motivo, la normativa busca mejorar la transparencia de las instituciones y empujarlas a facilitar a las pymes su participación en el sistema.

Concretamente, la Ley 14/2022 de 8 de julio, obliga a las administraciones a hacer públicos todos los contratos públicos que se alcancen; haciendo especial hincapié en que cada organismo debe indicar el procedimiento y los instrumentos que han utilizado para publicitarlo y acercarlo a las pequeñas empresas. Este matiz implica una obligación velada a que las instituciones refuercen unos sistemas de publicidad que tradicionalmente eran poco eficientes y que ahora se apoyan en plataformas de inteligencia comercial para llegar a un mayor número de compañías.

Según el equipo de especialistas de DoubleTrade, los resultados tras este primer año ya se aprecian y se han multiplicado las administraciones que apuestan por utilizar la inteligencia comercial para recibir un mayor volumen de ofertas y seleccionar las mejores opciones de acuerdo a sus intereses. De esta manera también logran dar más oportunidades de negocio a las pymes.

Los organismos licitadores están obligados a publicar datos estadísticos sobre el porcentaje en volumen presupuestario de contratos adjudicados según la herramienta utilizada para lograrlo. También deben revelar el porcentaje de participación de microempresas, pequeñas y medianas empresas para analizar la efectividad del mecanismo escogido y el grado de participación de las pymes en cuanto a adjudicación de contratos públicos. Todo ello persiguiendo el fin de mejorar su competitividad.

“El sistema de adjudicaciones tiene la peculiaridad marcada por la propia morfología política española de que existen infinidad de organismos licitadores. Esto provoca que cada licitador anuncie los concursos públicos que les corresponde por sus propias vías, generando grandes dificultades a las pymes para monitorizar las ofertas que más se ajustan a su actividad y dando ventajas a las grandes empresas. Sin embargo, con la entrada de las administraciones a las plataformas de inteligencia comercial, ambas partes se verán beneficiadas ya que estos tendrán una mayor visibilidad y les llegarán mejores ofertas para sus licitaciones; mientras que las pequeñas compañías podrán barajar más opciones para precisar sus ofertas y ampliar sus oportunidades de negocio”, analiza Xavier Piccinini, director general de DoubleTrade España.