La tecnología es la mejor garantía para el teletrabajo de los funcionarios

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Teletrabajo Funcionario

La Administración está obligada a proporcionar al empleado las herramientas tecnológicas necesarias para su actividad y formación a distancia. Tecnologías como blockchain ya están presentes en los servicios públicos para garantizar la seguridad de los usuarios.

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El 1 de enero entró en vigor el real decreto que regula el teletrabajo en la Administración General del Estado (AGE). De acuerdo con la norma, los funcionarios y empleados públicos podrán teletrabajar dos días en modalidad presencial y tres en remoto (el 60% de su jornada laboral). Este modelo será voluntario y estará supeditado a la garantía en la prestación de servicios por parte de la Administración, que debe proporcionar a su empleado un equipo informático y las herramientas tecnológicas necesarias para su actividad y formación. 

Una de estas soluciones es OVAC, la herramienta de Councilbox adaptada para el Ministerio de Justicia con el objetivo de acompañarle en su proceso de transformación digital. “A través de esta solución, extrapolable al resto de administraciones públicas, los ciudadanos llevan a cabo trámites que antes solo podían realizar de forma presencial. Además, este producto orquesta el proceso completo, de forma que es posible solicitar cita previa, conseguir los consentimientos y aceptaciones necesarios, enviar y firmar documentación y ser atendido videopresencialmente por el funcionario pertinente”, apunta Javier Polo, CEO de la compañía gallega.

A través de esta herramienta, es posible realizar los trámites habituales de una oficina de atención al ciudadano y ser atendido por una persona de forma telemática, con una gestión que abarca todos los pasos que van del momento de la reserva de cita previa hasta el envío de información o la firma de documentos. Un servicio que ofrece numerosas ventajas, como el registro de evidencias de la gestión realizada y de la información suministrada o una trazabilidad del proceso que no existe en la atención presencial, así como la reducción de costes para la Administración Pública.

La solución refuerza, además, la seguridad jurídica digital en las actuaciones y servicios no presenciales al usar blockchain para securizar los trámites. Según Javier Polo, “ofrece evidencias inmutables y un sellado de tiempo mediante el almacenamiento de las evidencias a través de blockchain. Así, todo el proceso realizado con Councilbox es completamente auditable y ofrece pruebas irrefutables en caso de que se abra un proceso legal. Blockchain es una tecnología basada en protocolos y algoritmos de cifrados realmente robustos y, gracias a eso, es perfecta para ser utilizada con propósitos en los cuales la seguridad e inmutabilidad es crítica. Este sistema puede guardar cada paso y dato de los distintos procesos con totales garantías”.