¿De qué manera ayudan los datos abiertos en la construcción de una España más inclusiva?

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El Gobierno digital debe ser abierto; un ente al servicio de una ciudadanía empoderada desde los datos, capaz de obtener la información necesaria para controlar al poder y participar activamente en los procesos de toma de decisiones que les afecta. Los datos y su libre acceso revelan así, desde una legislación justa, su enorme potencial inclusivo.

¿Cómo acercar la Administración y el gobierno abierto a todas las personas? ¿Cómo poner a la ciudadanía en el centro de la digitalización? “El nivel de transparencia de un país está en relación con la calidad democrática del mismo”, recordó José Luis Rodríguez Álvarez, Presidente del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, en el evento Gobierno Abierto: para todas las personas que tuvo lugar el pasado mes de junio en Madrid. Allí se habló del plan estatal de apertura de datos y de la naturaleza de este esfuerzo, que no es mera modernización de la sociedad, sino un trabajo obligado en democracia por el bien de las personas.
 
Porque la transparencia de la actividad pública no sustituye los tradicionales sistemas de control, “sino que los complementa y los refuerza de manera considerable, principalmente porque demanda de los responsables públicos una rendición de cuentas permanente”. “La relación es directa entre mandatarios y ciudadanos, ya que se materializa sin intermediarios y lo hace sin las limitaciones temporales de los procesos electorales”, insistió Rodríguez Álvarez.
 
Esta trasparecía se articula con una doble dimensión. Por un lado, se obliga a los poderes públicos a que publiquen toda la información disponible y, por otro, se reconoce a todas las personas el derecho a obtener las informaciones en poder de las administraciones públicas. 
 

 
“En esa unión, la trasparencia vigoriza la democracia, pues todo redunda en el acercamiento de la AAPP a la ciudadanía y la confianza en las instituciones. Desde el punto de vista subjetivo se reconoce a todas las personas sin distinción. Y, desde el objetivo, permite acceder a cualquier tipo de información que tenga una entidad pública. No abarca sólo los documentos, sino que comprende todo formato que obre en poder de uno de los sujetos obligados”.
 
El ponente afirma, además, que en el nuevo plan “se ha reconocido el derecho a acceder al código fuente de los algoritmos con los que se están tomando decisiones en las administraciones públicas”. Un derecho que no es absoluto, “ya que tiene una serie de acotaciones, como la exclusión de informaciones que están en curso de elaboración, aquellas otras que tienen un carácter auxiliar y las que requieren una acción previa de evaluación”.
 

"Hablamos de un nuevo derecho de ciudadanía, con una gran capacidad de empoderamiento de las personas, pues les permite obtener la información necesaria".

Con todo, se trata de un proceso que garantiza un derecho; derecho encomendado, en primera instancia, al Consejo de Transparencia, “una autoridad independiente, autónoma y que ejerce sus funciones con objetividad”. “Hablamos de un nuevo derecho de ciudadanía, con una gran capacidad de empoderamiento de las personas, pues les permite obtener la información necesaria para controlar a los poderes públicos, participar activamente en los procesos de toma de decisiones que les afecta y hacer valer, íntegramente, sus derechos gracias a su gran potencial inclusivo”, concluyó Rodríguez Álvarez.
 
Lola Carrión, vocal asesora de Gobierno Abierto, cree que “el plan es ambicioso”, pues parte de las administraciones públicas y acaba siendo un ejemplo para los países de carácter federal. “Con todo, no nos conformamos. Por eso, hay varias líneas de actuación en marcha, como una nueva plataforma de participación con todas las funcionalidades posibles; el laboratorio de innovación para la participación ciudadana, dirigido a canalizar la participación de actores públicos y privados involucrados en una determinada política pública; o la creación de una comunidad de prácticas sobre participación ciudadana que ya está en pleno funcionamiento”.
 
Eloísa Paredes Bordegé, subdirectora General de Transparencia y Atención al Ciudadano, recalcó en el citado evento la importancia del portal digital, “un instrumento que permite ejercer el derecho a acceder a la información pública, y un instrumento, también, de comunicación a través de las redes sociales”. 
 
 
“En la labor de mejora continua del portal se está avanzado en lo que es la percepción de mejora de la ciudadanía, con la navegabilidad, usabilidad y eliminación de las barreras de comprensión. También se trabaja en contenidos de lectura fácil. Todo para que su uso resulte sencillo para cualquier usuario”, aclaró.
 
 La ponente elogió los cuatro elementos clave del portal:
 
- La información
- La comunicación
- La omnicanalidad
- La privacidad
 
Por su parte, Carmen Cabanillas, Subdirectora General de Gobernanza de los Registros en Dirección General de Gobernanza Pública, señaló “tres instrumentos que hay en la Administración que se pueden compartir con las comunidades autónomas o entidades locales a través de convenios para facilitar la vida al ciudadano”:
 
1. La figura del funcionario habilitado – “Puede identificarte y firmar en tu nombre, haciendo más accesible la firma electrónica. Además, estas figuras convierten en información digital la documentación aportada en papel, optimizando el procedimiento administrativo”. 
 
2. Apoderamientos – “Otra persona física o jurídica puede actuar en tu nombre. Para ello, hemos creado una plataforma electrónica que, de una forma muy rápida y sin ningún coste, permite delegar una representación en otra persona para que le represente en ciertos trámites”.
 
3. Registro electrónico general – “Está apoyado en el portal comentado por Eloisa. Nos facilita la recogida de documentación de una forma muy sencilla. Basta con que el representado haya firmado el papel”. 
 
Carlos Susías, vicepresidente de Políticas Sociales, Agenda 2030 y Asuntos Europeos de la Plataforma del Tercer Sector, cree que “se necesita más inteligencia colectiva para adentrarnos en la nueva realidad que estamos viviendo”. Para eso hacen falta elementos tan importantes como la información y la participación. “Esa información no es posible si no es cualificada, o sea, adecuada para que pueda ser aprendida y asumida, de modo que se sepa para qué se está participando”.
 
“Desde la administración es necesario innovar e impulsar los procesos de comunicación. Para ello, es fundamental el convenio que tiene con el tercer sector, que debe facilitar y hacer efectivos los derechos desde las propias personas. Todo esto, con dos sentidos: como usuario y como ciudadano”, explicó en el encuentro.
 
 
“Así es como podemos avanzar. Se ha logrado un impulso increíble con la pandemia y los fondos Next Generation, trabajando de manera holística. No sólo se están digitalizando las administraciones, sino también la ciudadanía. Un reto que debe funcionar, pues si queremos una sociedad democrática necesitamos unos gobiernos transparentes y un tercer sector que se implique con la ciudadanía para que tenga derechos sociales”, concluyó.
 
¿Podemos estar, pues, satisfechos con el trabajo que se está realizando desde la Administración para que todos tengamos acceso a información sensible? Quizás nadie mejor que Clara Mapelli Marchena, Directora General de Gobernanza Pública, para responder: “España es hoy un referente en las políticas de Gobierno Abierto. Esta capacidad arrancó en el Foro del Gobierno Abierto y continúa, de algún modo, con el convenio que mantenemos con la Plataforma del Tercer Sector. Porque es esa política de alianzas la que nos permite contribuir con instituciones que aprenden mediante el contacto directo con la sociedad civil”.
 
Según Mapelli, “estamos obligados a que la ciudadanía alcance igualdad real. En esa tarea nos enfrentamos con múltiples dificultades. En principio creíamos que la digitalización solucionaría todos nuestros problemas, que con la transparencia promoveríamos un acercamiento y conseguiríamos la confianza de la ciudadanía. Pero ahora sabemos que no basta: la trasparencia es un instrumento que debe forjar un plan más ambicioso de gobierno abierto que abarque asuntos como la comunicación inclusiva, la sensibilización, la formación o la rendición de cuentas”.
 
“Desde la dirección general de gobernabilidad hemos hecho una inversión considerable para que la accesibilidad sea máxima. Sin embargo, tenemos que colocar la lupa en esas barreras al acceso de unos servicios que tienen que ser garantistas; en los sistemas de identificación, de modo que podamos colocarnos con la ciudanía a la hora de simplificar los procedimientos. Todas las alianzas que construimos desde convenios o mediante la sociedad civil es lo que nos permite tener una posición de liderazgo que nos ayuda a estar al servicio de la gente y, especialmente, al servicio de aquellos que se encuentran en una situación de vulnerabilidad”.