Los fondos Next Generation EU: retos y oportunidades para las entidades locales

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La presencia de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) en el ámbito de las administraciones públicas no es algo nuevo en nuestro país. Llevamos décadas introduciendo soluciones informáticas y mecanismos electrónicos para mejorar los procesos internos y facilitar la relación del ciudadano con la administración.

Uno de los grandes hitos en este sentido fue la Ley de Acceso Electrónico de los Ciudadanos a los Servicios Públicos (LAECSP) de 2007, que elevaba al rango de derecho de las personas físicas y jurídicas la posibilidad de establecer relaciones electrónicas con las organizaciones públicas y obligaba a estas a dotarse de los medios necesarios. En 2015, la leyes de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (LPAC) y de Régimen Jurídico del Sector Público (LRJSP) reemplazaban a aquella y regulaban las relaciones externas e internas de la Administración y los ciudadanos, dando mayor proyección y cobertura normativa a esa anhelada Administración Electrónica.

De la administración electrónica a la digitalización de la Administración

Con todo, la rápida evolución tecnológica y la progresiva digitalización de la sociedad junto con la disrupción provocada por la pandemia han obligado al Sector Público a pisar el acelerador de su transformación digital para adaptarse a los nuevos tiempos y hacer frente a situaciones sobrevenidas. El objetivo ahora para la Administración es desempeñar un papel tractor en la recuperación y modernización de la economía y la sociedad.

Se trata de una política palanca que se sostiene en las reformas estructurales e inversiones desarrolladas en el componente 11 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) del Gobierno, destinado a canalizar los Fondos Europeos para la reconstrucción de Europa tras la COVID-19. Por primera vez en la historia, las entidades locales, situadas en la primera línea de atención al ciudadano, van a ser perceptoras de una financiación mayúscula procedente de los Fondos Next Generation EU. 

En el período 2021-2023 estos organismos podrán acceder a 391,4 millones de euros para desplegar proyectos tecnológicos que redunden en un incremento de la eficiencia de los empleados públicos y capacidades administrativas, la accesibilidad a los servicios públicos digitales por parte de la ciudadanía y las empresas, así como la utilización de las tecnologías emergentes para la automatizar procesos y proporcionar nuevos servicios.

La primera convocatoria, cerrada a finales de diciembre de 2021, consta de una dotación de 92,77 millones de euros y se dirige a las capitales de provincia o ayuntamientos con una población superior a 50.000 habitantes. Se han recibido 339 solicitudes de 145 entidades locales por un importe de 89,34 millones de euros, lo que representa el 96,3 % del presupuesto total para 2021, aunque finalmente se ha autorizado el 91,4 %. Solo cuatro ayuntamientos –Mijas, Palma, Santander y Valdemoro– han faltado a la cita. En nuestra sesión online sobre las claves para aprovechar esta financiación, hemos podido conocer el caso práctico del Ayuntamiento de Las Rozas de Madrid de la mano de Jaime Santamarta, concejal-delegado de Medio Ambiente y Administración Electrónica, y profundizar en los puntos esenciales del proceso con José Miguel Muñoz, director de desarrollo de negocio de Kalaman Consulting, quien nos ha descubierto todo lo que implica esta iniciativa.

Un cambio tecnológico, pero también organizativo y cultural

Durante el período de confinamiento en 2020 y la posterior asunción de modelos híbridos, los ayuntamientos han podido dar continuidad a sus operaciones gracias al esfuerzo ímprobo de los empleados públicos y los progresos realizados hasta la fecha en la implantación de soluciones digitales para la prestación de servicios, funcionamiento interno y cooperación entre administraciones. No en vano, según el último Índice de Economía y Sociedad Digital (DESI) de 2021, España ocupa el séptimo puesto en la UE en materia de servicios públicos digitales, obteniendo 80,7 puntos, muy por encima de la media de la UE (68,1).

Con el respaldo financiero que suponen los fondos europeos se abre una ventana de oportunidad para afrontar un cambio no solo tecnológico, sino organizativo y cultural que permita a la Administración local responder a las exigencias de una sociedad hiperconectada y omnicanal, reducir la brecha digital, optimizar la operativa interna y avanzar en el eslabón más débil de la cadena: la habilitación de competencias digitales del personal. Todo ello de acuerdo con las necesidades particulares de su territorio, pero en consonancia con las directrices marcadas por la Administración General del Estado (AGE) y las prioridades de la UE.

Las subvenciones están gestionadas por los Ministerios de Política Territorial y de Asuntos Económicos y Transformación Digital, pero ¿cómo se articulan?

Características de los proyectos subvencionables

Los proyectos presentados deben estar alineados con el PRTR, la Agenda España Digital 2025 , el Plan de Digitalización de las Administraciones Públicas 2021-2025 y el Esquema Nacional de Interoperabilidad.

Además, es especialmente interesante la relevancia que adquiere el uso de la IA de acuerdo con la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial (ENIA) para la creación de chatbots como interfaces de interacción con los usuarios, automatización y robotización de tareas, adopción de plataformas en la nube inteligentes, etc. También se lleva a primer plano la seguridad y resiliencia de las redes y sistemas TIC, alineadas a su vez con la Estrategia Nacional de Ciberseguridad.

En cualquier caso, se establece un máximo de cinco proyectos por entidad y cada solicitud debe enmarcarse en una de las cinco líneas estratégicas definidas, con independencia de que conlleve varias actuaciones. Dichas líneas son:

1. 1. Administración orientada al ciudadano.
2. 2. Operaciones inteligentes.
3. 3. Gobierno del dato.
4. 4. Infraestructuras digitales.
5. 5. Ciberseguridad.

Asimismo, se han definido distintos niveles de prioridad para maximizar la eficiencia en la utilización de estas ayudas y la propuesta global de las entidades beneficiarias ha de incluir necesariamente el proyecto señalado como prioridad 1: puesta en marcha de un Centro de Operaciones de Ciberseguridad, a no ser que se justifique debidamente que ya han tomado las medidas pertinentes en este terreno.

Otras prioridades relacionadas con las líneas estratégicas son el desarrollo de servicios en modo app móvil o a través de una interfaz responsive integrada en Mi Carpeta Ciudadana de la AGE (prioridad 2 - línea 1); automatización inteligente de procesos (prioridad 3 - línea 2); y el desarrollo o adaptación de servicios exentos de barreras transfronterizas para ciudadanos y empresas europeos (prioridad 4 – línea 1).

Igualmente, las actuaciones han de cumplir con los requisitos de integración con soluciones y plataformas del Sector Público o la posibilidad de reutilización de los servicios desarrollados por parte de otras administraciones. En la documentación, se debe adjuntar una memoria técnica, un plan de ejecución, los indicadores clave de seguimiento de la evolución del proyecto y el compromiso de que la entidad local, a lo largo de todo el procedimiento, adoptará medidas para evitar fraude, corrupción, conflicto de intereses o doble financiación.

Los plazos, el brazo ejecutor y las primeras iniciativas

De forma general, para la primera convocatoria, el plazo de ejecución abarca el período comprendido entre el 1 de febrero de 2020 y el 31 de diciembre de 2022 y las actuaciones pueden licitarse a terceros o llevarse a cabo de forma total o parcial mediante medios propios. El gasto mínimo subvencionable es de al menos 40.000 euros, eso sí, para que sea repercutido, los productos y servicios tienen que haberse entregado, ser plenamente funcionales en el plazo previsto y haberse satisfecho el pago por parte de la institución beneficiaria.

Como decíamos un poco más arriba, han sido 145 las entidades locales las que han presentado propuestas de modernización. Entre ellas, el Ayuntamiento de Las Rozas de Madrid, que ha acudido con 8 proyectos por valor de 12 millones de euros a través la Oficina de Captación de Fondos de Las Rozas Innova centrados en las siguientes áreas:

1. - Mejora de la eficiencia energética.
2. - Formación TIC (Tecnologías de la Información y Comunicación).
3. - Aumento del valor medioambiental y sostenibilidad.
4. - Movilidad sostenible.
5. - Implantación de las Nuevas Tecnologías de la Información y Comunicación.
6. - Mejoras e innovación en infraestructuras.
7. - Impulso y apoyo para PYMEs y emprendedores.
8. - Desarrollo y puesta en valor de nuevas formas de turismo.

“El Plan Europeo de Recuperación es una oportunidad única para mejorar el bienestar y calidad de vida de los roceños y para avanzar hacia una ciudad más tecnológica, sostenible, innovadora e integradora”, afirma el alcalde de Las Rozas y presidente de Las Rozas Innova, José de la Uz.

En 2022 y 2023, todas las entidades locales, independientemente de su población, tendrán la opción de acudir a nuevas opciones de financiación con un importe estipulado de 149 millones cada año. Cuando se abran las convocatorias, los ediles de las corporaciones más pequeñas estarán preparados. De hecho, como nos comenta el alcalde de Villanueva de la Cañada, Luis Partida, al frente del Consistorio desde el inicio de la democracia y gran conocedor de las necesidades más inmediatas de los ciudadanos y ayuntamientos, sus planes de digitalización se enmarcan en una estrategia de largo de recorrido que ha dado comienzo tiempo atrás: “En nuestro Ayuntamiento llevamos años trabajando en la mejora continua y en la adaptación de nuestra administración a las nuevas tecnologías con el principal objetivo de prestar el mejor servicio a los vecinos”.

“Recientemente hemos puesto en marcha una nueva Red WiFi Municipal que nos sitúa a la vanguardia, pues es la primera red pública extensa o de gran alcance con tecnología WiFi 6 implantada en España a nivel municipal”, continúa el edil. Actualmente, una gran parte de los trámites municipales se pueden realizar a través del Portal de la e-Administración del Ayuntamiento, pero su objetivo es llegar al 100 %, y, de forma paralela, capacitar a los empleados públicos: “Las nuevas tecnologías nos pueden ayudar a ser más eficientes, rápidos y ágiles, pero de nada sirven si no sabemos utilizarlas. Por ello, con cada avance tecnológico implantado en nuestro Ayuntamiento, hemos puesto en marcha un plan de formación específico para el personal y contamos, además, con un Portal de Formación Online con cursos de interés para toda la plantilla”.

Retos y oportunidades

En principio, esta apuesta clara por la digitalización de los ayuntamientos parece muy positiva, pero no está exenta de dificultades. En primer lugar, aunque esta subvención sea compatible con otro tipo de ayudas, la obligatoriedad de anticipar el desembolso va a representar un fuerte escollo para la maltrecha economía de muchas entidades locales.

También es compleja la asignación de recursos para el diseño y presentación de solicitudes. Aunque se ha arrancado con las corporaciones de más de 50.000 habitantes censados a 1 de enero de 2020, la concurrencia a esta y futuras concesiones obliga a establecer equipos de trabajo para el diseño, planificación y documentación de los proyectos dentro de una estructura organizativa sometida a la presión y el estrés derivado del cambio de paradigma de estos años de pandemia. Esto podría impactar en la motivación de unos empleados públicos sobrecargados y con poca formación en nuevas tecnologías.

Es verdad que la inmensa mayoría de los consistorios cuenta con servicios electrónicos en mayor o menor grado y tiene presencia en las redes sociales para dar visibilidad a su trabajo y mantener una comunicación más accesible y directa con los ciudadanos. Sin embargo, la ambición de PRTR y, por consiguiente, el acceso a los fondos europeos van mucho más allá y exigen la configuración de un área técnica capaz de liderar el cambio con el dato como uno de los activos más valiosos y una reorientación de los servicios centrados en las personas.

Por su puesto, estos retos pueden convertirse en oportunidades para realizar un diagnóstico preciso del punto de partida y abordar con decisión un plan estratégico a largo plazo que sea capaz de incardinar los intereses particulares de los Ayuntamientos con las prioridades del PRTR y la UE. De la misma forma, es el momento de abrir canales de diálogo internos que fomenten la participación y refuercen el compromiso de los empleados con la organización. Es posible aprovechar este revulsivo para estrechar la colaboración con las administraciones regional y central; potenciar la captación de talento y el reciclaje tecnológico de los trabajadores; o generar nuevas alianzas y dinamizar el tejido productivo local.

Y, por último, es una ocasión única para subirse al carro de las tecnologías de vanguardia y aprovecharse de sus múltiples ventajas. Por ejemplo, el uso de la IA en la toma de decisiones basadas en datos, la automatización de procesos y la utilización de asistentes virtuales para liberar tiempo de los empleados públicos, la flexibilidad laboral basada en puestos de trabajo digitalizados, la seguridad de las transacciones gracias a la tecnología blockchain, el ahorro de costes con software, plataformas e infraestructuras como servicio…